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Un informe realizado por el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advirtió que la independencia judicial en México se encuentra en grave riesgo, derivado de constantes ataques por parte de otros poderes públicos, principalmente el Ejecutivo federal.
En el “Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, realizado en 15 países de Latinoamérica y publicado este martes, se expresó la preocupación por los ataques constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial de la Federación y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales.
Advirtió que la reducción del presupuesto al Poder Judicial de la Federación impactaría gravemente la función judicial.
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El documento relató cómo las acusaciones de López Obrador y su administración están directamente dirigidas a casos de decisiones judiciales que no favorecen los intereses del gobierno, "violando claramente sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de la independencia judicial".
"Aún más, la reforma propuesta a la judicatura federal proponiendo el uso del voto directo para conformar la judicatura responde no a un ánimo de fortalecer la judicatura, sino de controlarla.
"Estas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, sin que el gobierno haya dado respuesta o tome con seriedad la gravedad de los ataques. Estos ataques que van desde menciones y campañas de desprestigio, hasta investigaciones administrativas y penales infundadas son característicos de regímenes autoritarios en la región", refiere el informe.
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Al respecto, la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados - FLAM, la jueza costarricense Adriana Orocú, expresó que “es preocupante verificar en México reacciones y presiones en contra de la judicatura federal independiente; tenemos que tener claro que en democracia la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz, idónea e independiente. La FLAM está preocupada, alerta y proactiva para denunciar los ataques a juezas y jueces a nivel internacional”.
En tanto, Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, indicó que “estos ataques buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno. Juezas y jueces que respondan a intereses más allá del derecho son cómodos para el gobierno, pero peligrosos para todas las personas que acuden a un juez en busca de justicia”. Agregó que “es fundamental que la comunidad jurídica nacional e internacional trabaje en conjunto para garantizar la independencia judicial en México".
A su vez, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Oléa afirmó que "el acceso a la justicia es un derecho humano y por lo tanto no está sujeto a negociación. El ejercicio de la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos del PJF no autoriza la violación de la independencia judicial y con ello la vulneración de derechos humanos”.
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