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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) reservó por tres años dar a conocer cualquier información sobre las joyas bajo su resguardo y que fueron mutiladas presuntamente por funcionarios de ese organismo, como informó el extitular del instituto, Jaime Cárdenas Gracia, al entregar su renuncia.
En respuesta a una solicitud hecha por EL UNIVERSAL vía transparencia y a pesar de que se pidió una versión pública sobre el caso, la Dirección Corporativa de Bienes del organismo aseguró que entregar esta información representaría “un riesgo real” y de “perjuicio significativo”.
El pasado 22 de septiembre se hizo pública la carta de renuncia de Cárdenas García, en la que expuso irregularidades administrativas que encontró al tomar el cargo, entre ellas, la mutilación de joyas, además contratos favorables para empresas.
“Encontramos probables irregularidades administrativas, proceso de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep y conductas contrarias a las normas.
“Por la manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado las denuncias penales a la Fiscal General de la República (FGR)”, indicó.
En su respuesta, el Indep manifestó que existe un riesgo de perjuicio sobre esta información y que supera, apuntó, el interés público general.
“El riesgo inminente de proporcionar dicha información vulnera las investigaciones que tienen el carácter de reservado”, señaló.
El organismo argumentó que la clasificación de la información como reservada representa el medio menos restrictivo, al precisar que “toda vez que, la temporalidad de la clasificación permite conducir las investigaciones sin perjuicio de revelar información privilegiada a los posibles infractores”.
“Sus características [de las joyas] son los elementos que constituyen el análisis y deliberaciones de las autoridades que deberán concluir lo conducente, por lo cual, con la difusión de la información solicitada se afectaría la conducción de los procedimientos administrativos o de los expedientes judiciales”, expuso.
Tras estos argumentos, el 14 de octubre, el Comité de Transparencia del Indep confirmó esta información como reservada y dio un plazo de tres años para su desclasificación, es decir, hasta 2023.
“Se confirma la clasificación de la información como reservada, de conformidad con los fundamentos expuestos. Se confirma el plazo de tres años para la información clasificada, de conformidad con los fundamentos y razonamientos expuestos”, apuntó.
