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Exministros y especialistas consideraron que la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, de cuatro a seis años, aprobada por el Senado, es contraria a la Constitución, un acto irresponsable y una aberración legal.
El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz recordó a través de Twitter que la Constitución establece específicamente el periodo que debe durar el cargo de presidente de la Suprema Corte, que es de cuatro años y que no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
“No perdamos de vista lo que se propone para los consejeros de la Judicatura Federal. A ellos les corresponde la administración de TODOS los jueces y TODOS los magistrados del Poder Judicial de la Federación. Atentos”, alertó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, los integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés, Juan Jesús Garza Onofre y Hugo Concha, coincidieron en que el artículo transitorio que el Senado avaló ayer para ampliar el mandato de Zaldívar Lelo de Larrera no puede quedar por encima de la Constitución.
Valadés Ríos enfatizó que este es el acto más irresponsable que ha visto en mucho tiempo por parte de una de las cámaras del Congreso de la Unión.
“Es una decisión inconstitucional, está adicionando un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mediante el cual pretende alterar el artículo 97 de la Constitución, yo trato de ser siempre cuidadoso con mis palabras, pero este es el acto más irresponsable que he visto en mucho tiempo por parte de un órgano legislativo mexicano”, subrayó.
Confió en que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, conforme a las posturas que ha emitido desde siempre y a su ética profesional, no comparta esta propuesta.
Garza Onofre calificó la iniciativa aprobada por los senadores como una aberración jurídica y que tanto Zaldívar Lelo de Larrera como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a quienes también se les ampliaría el mandato, deberían rechazarla tajantemente.
“Jurídicamente es una aberración, esto es insostenible independientemente de la ideología o simpatía política, creo que la responsabilidad y quien debe tener un poco de altura son los propios involucrados, la Judicatura y Zaldívar tendrían que salir a rechazarlo tajantemente por respeto a la Constitución.
“Si querían ampliar el mandato tendrían que hacerlo mediante una reforma constitucional, porque la duración del ministro presidente se encuentra en la Constitución, la temporalidad para permanecer en el cargo está en la Constitución, modificarlo a través de un transitorio es jurídicamente aberrante”, precisó Garza Onofre.
Explicó que, desde su perspectiva, el ministro presidente y los consejeros fueron puestos entre la espada y la pared con esta propuesta y por ello se debe dar prioridad al rol de las reglas ya establecidas y no al político de los senadores.
Hugo Concha aseguró que esta aprobación refleja la alineación del Senado con el Jefe del Ejecutivo federal en lugar de que cumpla con su papel de control.
“Es verdaderamente una vergüenza porque lo que están poniendo y aprobando es un tema inconstitucional”, agregó Concha Cantú.
El profesor de la Universidad Panamericana, José María Soberanes, observó que además de que la ampliación de mandato a través de un transitorio es inconstitucional, viola la división de poderes.
“Los legisladores le están quitando a los integrantes de otro poder, a los ministros, la facultad de decidir quién los preside, como lo dispone la Constitución”, señaló.
“Ha habido precedentes de que no puede ampliarse el periodo después de la elección, antes puede hacerse pero no después como pasó con el caso de la Ley Bonilla, se está repitiendo el mismo escenario que repudió la Corte hace unos meses”, aseveró.
Ante el anuncio de que habrá acciones de inconstitucionalidad por parte de legisladores de oposición, explicó que el primer problema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolverlas y en su caso Zaldívar Lelo de Larrea tendrá que excusarse lo cual reduce el rango para obtener los ocho votos necesarios para invalidar ese concepto legal.
