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La inclusión del feminicidio en los códigos penales del país cumplió nueve años y hasta hoy prevalecen las deficiencias en las autoridades encargadas de investigar este delito, por lo que, de ser reformado, se debe realizar un diagnóstico previo y reforzar las capacidades de todos los operadores de justicia.
Así lo afirmaron especialistas como Aimeé Vega, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM (CEIICH) e integrante del equipo que trabajó con la diputada federal Marcela Lagarde, quien acuñó por primera vez el tipo penal del feminicidio, y Ana Lorena Delgadillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
El pasado 18 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para sancionar hasta con 65 años de prisión a quien cometa feminicidio, cinco años más de lo que actualmente prevé la ley, aunque todavía deberá ser discutida y aprobada por el Senado.
Vega consideró que no es que el tipo penal del feminicidio no esté lo suficientemente claro, sino que falta capacitar a todos los operadores del sistema de justicia para lograr procesos exitosos.
“La autoridad no se ha habilitado de los recursos para que se juzgue con perspectiva de género y tiene que ver con la capacitación del funcionario del sistema de justicia, o sea, esto incluye no solamente a los ministerios públicos, sino a toda la cadena de custodia que interviene cuando se denuncia un caso de feminicidio”, destacó.
“Se yerra al decir que la solución será facilitarles el trabajo a estos funcionarios, poniéndoselas muy sencillas, sin que se vean obligados a habilitarse de los recursos que necesitan para juzgar con perspectiva de género”, añadió.
La especialista afirmó que desde el feminismo se da la bienvenida a la propuesta de crear un Código Penal único, que se ha planteado desde el sexenio pasado y ahora por el fiscal Alejandro Gertz Manero.
“Si y sólo si se convierte en un instrumento que garantice una perspectiva de derechos humanos de las mujeres que pueda extenderse a todas las entidades del país porque, efectivamente, vemos distorsiones terribles en algunos estados sobre la violencia feminicida”, apuntó.
Ana Lorena Delgadillo consideró que cualquier modificación al tipo penal del feminicidio debe basarse en un diagnóstico desde la perspectiva de las víctimas y de género.
“El extremo de que todos los homicidios contra mujeres sean feminicidios y aumentar las penas es una respuesta que nace desde un populismo punitivo que tampoco deseamos. La violencia por razones de género motivó la creación de un tipo penal específico. El problema real donde deberíamos estar centrando parte de la discusión es la falta de capacidad de investigación de las fiscalías”, precisó.
Dijo que la incapacidad investigativa de los ministerios públicos se demuestra no sólo en los feminicidios, sino en la impunidad en prácticamente todos los delitos.
“Hemos insistido en que todas las instituciones del Estado deben contar con protocolos efectivos para brindar apoyo a las mujeres desde el primer llamado de auxilio, pero esa evidencia se ignora, y eso ocasiona que se cometan feminicidios. Cargamos con una visión patriarcal en las prácticas de las fiscalías”, enfatizó.
