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El incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez la madrugada del 28 de marzo, en el cual al menos 39 personas migrantes fallecieron, es consecuencia de “las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos”, aseguró Amnistía Internacional.
“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?” dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Es sumamente insensible y ofensivo que tanto el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos. Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad”, dijo.
Amnistía Internacional expresó sus condolencias a las familias de las 39 personas migrantes que han fallecido, y externó su solidaridad con las 27 que se encuentran hospitalizadas como consecuencia del incendio.
El organismo internacional sostuvo que la tragedia se dio en un contexto en el que las personas se han visto forzadas a buscar protección internacional, al enfrentar riesgos a su vida y a otras violaciones a derechos humanos, tanto en sus países de origen como en los de tránsito y destino.
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Ante esta situación, los países de la región, encabezados por Estados Unidos, han establecido políticas migratorias compartidas que son cada vez más inhumanas, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligando a las personas a buscar rutas más peligrosas y que las ponen en una mayor situación de vulnerabilidad.
Señaló que como parte de esta estrategia que busca frenar la migración en colaboración con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han establecido facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras. Adicionalmente, han utilizado la detención migratoria de manera sistemática. Tan solo en 2022, las autoridades migratorias recluyeron al menos a 318 mil 660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a más de 106 mil, entre las que se siguen encontrando niños, niñas y adolescentes.
“Estas detenciones se realizan sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció el 15 de marzo de 2023 que la reclusión de personas migrantes en centros de detención migratoria no debe exceder de 36 horas, periodo en el cual las personas deben llevar sus procesos en libertad” sostuvo.
Y agregó que lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un recordatorio sobre la importancia de adecuar la normativa migratoria a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles de personas migrantes que han pasado por ellas.
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Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a cumplir con la sentencia de la SCJN y a establecer protocolos para actuar en incendios, así como rutas de evacuación en este tipo de situaciones. Asimismo, llamó al Estado a investigar los hechos violatorios de derechos humanos, en especial las alegaciones tendientes a que se les dejó encerrados mientras ocurría el incendio, así como a reconocer que las personas migrantes se encontraban bajo su custodia y, por lo tanto, era su obligación tanto prevenir el incendio como actuar de manera diligente durante el mismo para evitar consecuencias fatales.
Es también fundamental garantizar el derecho a la salud de las personas hospitalizadas y su derecho a una regularización migratoria en caso de desearlo, así como la identificación y repatriación digna de los cuerpos de las personas fallecidas, expresó.
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