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CDMX.- La Barra Mexicana de Abogados ( BMA ) consideró inapropiadas las declaraciones del titular del Ejecutivo federal , Andrés Manuel López Obrador , con relación a los amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su sustitución por el del Santa Lucía .
El pasado 14 de junio, el Presidente de la República dijo en conferencia de prensa que los amparos en los que se ha ordenado la paralización temporal de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fueron tramitados por sus adversarios a quienes exhibirá “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”.
Tales declaraciones, indicó la BMA, atentan contra el Estado de Derecho pues el ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el Estado de Derecho. El ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo”, afirmó la BMA mediante un comunicado.
La organización envió un exhorto al Ejecutivo federal para que se abstenga de realizar acciones que atenten contra la democracia y la justicia.
EL UNIVERSAL informó que hasta el momento se conoce de cuatro suspensiones provisionales y una definitiva concedidas por tribunales y un juzgado federal de amparo contra la cancelación del NAIM Texcoco y su sustitución por el de Santa Lucía.
Las resoluciones forman parte de los 147 amparos que han sido tramitados por el colectivo #NoMásDerroches con el que organizaciones de la sociedad civil, despachos jurídicos y ciudadanos se coordinaron para buscar que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la decisión de cancelar el NAIM.
