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El Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ) instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) buscar y dar a conocer la relación de testigos sociales contratados en los últimos seis años, el proceso de selección, la cantidad cobrada por cada uno, la entidad pública en la que participaron, las observaciones atendidas y las que no, así como los informes y/o testimonios entregados.
Al presentar el caso ante el Pleno, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas planteó que la figura de los testigos sociales permite el involucramiento de la ciudadanía en los procesos de licitación del gobierno y es una de las más institucionalizadas en el país, como parte del proceso de rendición de cuentas .
“Su nombre lo dice detalladamente: es ser un testigo social sobre los procesos de licitación, más allá del Compranet, más allá de las juntas, más allá de todas las personas que intervienen. Esta figura de testigo social nació en México (…) hay evidencias documentales y periodísticas que reflejan que la Secretaría de la Función Pública da informes sobre las actividades de los testigos sociales”, expuso.
En respuesta a la persona solicitante, la SFP señaló que, una vez seleccionado, el testigo social es contratado por las dependencias y entidades, por lo que lo orientó a presentar su solicitud a dichas instituciones.
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Asimismo, informó que el proceso de selección está descrito en la normatividad aplicable; que fueron cancelados 115 procedimientos y se entregaron nueve informes previos a los Órganos Internos de Control, donde se hace referencia a las irregularidades detectadas. También puso a disposición la relación del pago de honorarios de los testigos sociales, así como el listado de designaciones por dependencia o entidad en las que participaron, de 2019 a 2021.
Finalmente, precisó que el informe o testimonio entregado por cada testigo se difunde en la página electrónica de cada instancia y no en el portal de la Secretaría.
Inconforme, por considerar que la información era incompleta, la persona solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la SFP reiteró su respuesta inicial; sin embargo, en el análisis, a cargo de la ponencia de la Comisionada Del Río Venegas, se determinó que, si bien la dependencia turnó la solicitud a las unidades administrativas competentes, el criterio utilizado para localizar la información no fue el adecuado, pues no atendieron todos los puntos de la solicitud.
Se advirtió que la Secretaría cuenta con facultades para conocer la relación de testigos sociales contratados en los últimos seis años, pero no se pronunció al respecto.
En cuanto al pago de cada testigo social y la relación de designaciones de testigos sociales, se observó que solo proporcionó datos de 2019 a 2021 y no de los últimos seis años, como le fue requerido.
Por lo que hace a las observaciones hechas por los testigos sociales, se constató que éstas se encuentran en los informes y, de acuerdo con la normatividad aplicable, cada testigo debe entregar a la SFP una copia de estos; no obstante, la Secretaría omitió proporcionarlos, aun cuando se trata de la expresión documental en la que se asientan observaciones, bitácoras y formatos.
Con estos argumentos, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la SFP y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, a saber, la relación de testigos sociales contratados en los últimos seis años, el proceso de selección, la cantidad cobrada por cada uno, la entidad pública en la que participaron, las observaciones atendidas y las que no, así como los informes y/o testimonios entregados.
