La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) debe transparentar la documentación sobre las inspecciones efectuadas por denuncias en materia de tala ilegal en el estado de Chihuahua, del periodo de enero del 2000 a abril del 2022, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tras atender un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien le fueron negados esos datos.
“El asunto se encuentra relacionado con un tema importante para nuestro país, que aqueja al medio ambiente . La tala ilegal representa el 8 por ciento de las causas que provocan la deforestación y, de acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la producción de madera ilegal representa el 30 por ciento del volumen anual autorizado en el país”, afirmó el comisionado Adrián Alcalá Méndez, al presentar el asunto ante el Pleno del Inai.
El comisionado Alcalá señaló que la tala ilegal acelera la desaparición de la masa forestal, ocasiona un sinnúmero de problemas ambientales y vulnera la biodiversidad en las diferentes zonas, generando con ello una preocupante degradación del suelo y provocando, además, un desequilibrio climático.
Destacó que la tala ilegal en Chihuahua no solo representa un problema medioambiental sino que, de acuerdo con diversas investigaciones, ya es un problema social.
Una persona solicitó a la Profepa la documentación que forma parte de las inspecciones efectuadas por denuncias en materia de tala ilegal para el estado de Chihuahua, del periodo de enero del año 2000 a abril del año 2022; sin embargo, el sujeto obligado manifestó la inexistencia de diversos rubros solicitados.
Tras el análisis realizado por la ponencia, a cargo del comisionado Adrián Alcalá Méndez, se determinó que “la Profepa no siguió el procedimiento de búsqueda exhaustiva”.
Alcalá Méndez precisó que la información solicitada, además de ejercer el derecho de acceso a la información , resulta de vital importancia pues este problema ha causado también el desplazamiento masivo de comunidades indígenas, ya que los bosques de pino en la Sierra Tarahumara se volvieron uno de los botines del crimen organizado , con mayor incidencia a partir del año 2017 y, para aprovechar este negocio, cárteles y caciques se han disputado el territorio con la población indígena.
“Por todo lo anterior, es que estoy convencido que es de vital importancia conocer las acciones que el Gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, ha ejecutado justo para prevenir y combatir la tala ilegal . No olvidemos que el derecho de acceso a la información es un aliado trascendental para el ejercicio de otros derechos, en este caso en particular, el derecho ambiental”, puntualizó.
El Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice una búsqueda exhaustiva de la información con un criterio amplio en todas las unidades administrativas que resulten competentes, sin que se omita a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, respecto a lo que solicitó originalmente la persona recurrente y, una vez localizado, se proporcione la información.
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