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La Fiscalía General de la República (FGR) deberá hacer pública la carpeta de investigación en torno al incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro, el pasado tres de mayo, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior, derivado de la solicitud de información por parte de un particular, misma que le fue negada bajo el argumento de tratarse de datos reservados por encontrarse en etapa de investigación ante el Ministerio Público; "además de que se encuentran en ella los datos de los denunciantes y de los imputados".
Por ese motivo, el solicitante interpuso una impugnación y se amparó en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia, el cual señala que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción", toda vez que la indagatoria está relacionada con los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó que el caso “tiene una especial relevancia para el derecho de acceso a la información, ya que se ha comprobado en innumerables ocasiones que, con su ejercicio, se da la posibilidad a las personas de informarse sobre la forma en que las autoridades ejercen una función pública, así como el funcionamiento de las instituciones y, con ello, reforzar el rol fiscalizador por parte de la sociedad”.
Al realizar el análisis del caso, las y los comisionados, consideraron que el accidente en la Línea 12 es un caso de interés público, y la publicación de la carpeta permitirá fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas.
Alcalá Méndez recordó que precisamente el martes 24 de agosto, se aplazó por segunda ocasión el dictamen final de la empresa DNV, que contractualmente es responsable del Servicio de dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, y análisis causa-raíz, lo que empaña más el acceso a la información en torno al caso.
“Con la presente resolución se busca abonar a la rendición de cuentas, en relación con los fondos asignados, en principio, al presupuesto y la construcción de la Línea y posteriormente, al mantenimiento y ahora a la reparación de la misma, así como para conocer las causas que dieron origen a este lamentable accidente, razón por la cual me pronuncio a favor del derecho de acceso a la información que prevaleció en la colisión de derechos expuestos en la presente resolución y de la cual he dado cuenta”, concluyó el comisionado.
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