El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ) instruyó a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal ( CDHDF ) entregar versión pública del expediente CDHDF/IV/122/MHGO/16/D5361, relacionado con presuntas violaciones a derechos humanos de 37 personas con discapacidad que se encontraban albergadas dentro de “ Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C”.
Hay que recordar que en mayo de 2016 los 37 pacientes fueron reubicados, tras confirmar irregularidades en el sitio, en el cual se encontraron casos de mujeres esterilizadas sin consentimiento y pacientes postrados en malas condiciones.
Derivado de la facultad de atracción, prevista en los artículos 181 y 182 de la Ley General de Transparencia, el INAI tomó conocimiento del caso.
Ya que un solicitante requirió copia simple en versión pública de dicho expediente y precisó que era de su interés conocer todas aquellas actuaciones que obran en el mismo, desde el momento que había sido trasladado a la Cuarta Visitaduría de la CDHDF.
La Comisión indicó que el expediente era reservado, ya que se encontraba en trámite, inconforme el solicitante manifestó que se trataba de violaciones graves a los derechos humanos y por ello debía ser público el expediente.
La comisionada Josefina Román Vergara, determinó que, si bien en principio es procedente la clasificación de la información, lo cierto es que existen indicios suficientes para configurar la excepción prevista en el último párrafo del artículo 115 de la Ley General Transparencia.
Concluyó que es posible entregar la información solicitada en versión pública, por haberse acreditado la violación grave de derechos humanos, la funcionaria puntualizó, “dentro de los hechos que se están investigando, relacionados con “Casa Hogar Esperanza”, se advierten esterilizaciones forzadas que podrían implicar tortura, al realizarse presuntamente sin el consentimiento de las personas que ahí se encontraban albergadas”.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apuntó sobre el caso, que las violaciones ocurridas en la Casa Hogar deben ser catalogadas como graves, pues se causó una afectación reiterada a derechos de personas con discapacidad, incluyendo menores de edad.
La comisionada dejó en claro que el instruir el acceso a la información no prejuzga quiénes son los responsables de un ilícito, si se configuró o no algún delito, ni busca invadir competencias de otras autoridades encargadas de determinar la existencia de violaciones a derechos humanos.
“Asuntos como éste, son parteaguas para sensibilizar a la sociedad, pues se hace evidente la situación de ciertos grupos vulnerables. Ahora, queda tomar acciones y conciencia con miras a que no se vuelvan a repetir actos violatorios a los derechos de las personas y menos aún a las personas con discapacidad y pidió entregar una versión pública donde se proteja toda aquella información relacionada con las presuntas víctimas del caso, esto es, sus datos personales ”, finalizó Josefina Román.
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