Del 1 de enero al 30 de junio de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) impuso multas por un monto total de 11 millones 20 mil 991 pesos a personas físicas y/o morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Según los registros del instituto, en el periodo referido se instauraron 52 procedimientos de imposición de sanciones, de los que derivó la cantidad de multas impuestas.

Los sectores que concentran los montos más altos por multas son el de servicios financieros, con 36.76% del total; el de servicios de salud y asistencia social, con 35.28%; el de industrias manufactureras, con 15.77%, y otros sectores, con 12.19%.

Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción se encuentran dar tratamiento a datos personales en contravención a los principios establecidos en la ley; recabar o transferir información personal sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que este sea exigible, y omitir en el aviso de privacidad alguno o todos los elementos previstos en la legislación.

En el mismo periodo el instituto, a través de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, atendió 71 denuncias contra dependencias del gobierno federal por presuntas infracciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El mayor número de denuncias corresponde al tratamiento indebido de datos personales, con 37 reportes; asimismo, se recibieron 32 quejas por la divulgación de la información sin el consentimiento de los titulares y dos por transferencia no autorizada, de las que 66 se encuentran concluidas y cinco en trámite.

Por este tipo de acciones, el Inai ha denunciado que resulta incómodo para la Federación, motivo por el que creen que el Senado de la República sigue sin designar a las personas comisionadas faltantes, a fin de que el pleno cuente con quórum legal y pueda sesionar.

El 3 de marzo, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra reiteró su llamado para que se atienda el caso, y dijo que seguir vulnerando el derecho al acceso de la información es un retroceso para México.

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