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Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), afirmó que es prioritario promover la transparencia y la participación ciudadana en programas sociales, así como en contrataciones públicas para reducir el riesgo de corrupción.
Alcalá Méndez participó en la Sesión Ordinaria 2024 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), celebrada en Acapulco, Guerrero, donde reconoció que hay una gran desconfianza, cada vez más notoria, de la sociedad hacia sus autoridades.
“Nos encontramos en un momento crucial en la lucha contra la corrupción en México, pues se ha convertido en un problema que afecta el adecuado desempeño de las instituciones públicas y, con ello, el ejercicio pleno de los derechos en nuestro país se ve limitado, mermado, lo que además genera una gran desconfianza —cada vez más notoria— de la sociedad hacia sus autoridades”, indicó.
El comisionado presidente subrayó que la creación del SNA y la instalación de su asamblea son un ejemplo claro de que el gobierno abierto, en el que confluyen la transparencia y la participación ciudadana, es ya una realidad en el andamiaje institucional contra la corrupción en México, muestra de ello son sus sesiones, en las que convergen actores públicos y sociales para tomar decisiones.
En su oportunidad, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité Coordinador del SNA, indicó que el problema de la corrupción en México es sistémico y requiere ir más allá de los discursos.
“El Sistema Nacional Anticorrupción no tiene dueñas ni dueños; ha sido cocreado por las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y personas interesadas en que los mexicanos vivamos en un entorno libre de corrupción, sigamos construyendo la agenda del sistema de manera conjunta, colaborativa con todos los actores”, dijo.
A su vez, Carlos Morillon López, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, destacó la urgencia de sumar esfuerzos para desterrar las malas prácticas que prevalecen en amplios sectores de la administración pública y forjar una nueva vida de participación social con visión de futuro.
“La lucha anticorrupción debe atender las causas que la originan, los factores que la alientan y aplicar las sanciones correspondientes, (...) tendientes a prevenir, combatir y sancionar los actos de corrupción”.
