Los sujetos obligados, en su mayoría dependencias del gobierno federal, encontraron un nuevo modo de evadir la transparencia, al negar solicitudes de información bajo el argumento de que se trata de datos reservados porque forman parte de un proceso judicial en curso y su publicación vulneraría la conducción del mismo.
Sólo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 se contabilizan 865 casos de esta índole, siendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Secretaría de Economía (SE), las que más incurren en esta práctica.
Sin embargo, de ese total, sólo en ocho casos el Inai confirmó que la clasificación era procedente.
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En años anteriores, la negativa de información bajo este argumento era prácticamente nula, y es que antes, uno de los principales motivos para reservar la información era “por motivos de seguridad nacional”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), del 12 de junio de 2003 al 11 de marzo de 2024, se contabilizaron 2 mil 885 solicitudes que fueron negadas por tratarse de asuntos de seguridad nacional, de las cuales 965 ocurrieron en lo que va de esta administración federal (2019-2024), es decir, que en sólo 15 meses la clasificación de documentos por presuntos litigios en curso, prácticamente igualaron a las reservada por seguridad nacional en todo el sexenio.
Lo anterior fue a la baja cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Inai una suspensión a la reserva generalizada de la información por tratarse de asuntos catalogados como “de seguridad nacional”, lo cual vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Por lo anterior, en 2023, los sujetos obligados comenzaron a utilizar los “procesos judiciales” como argumento para negar información, práctica que ha sido rechazada por los comisionados del Inai.
“Pese a la resolución de la Suprema Corte, seguimos recibiendo este tipo de casos, esta respuesta [seguridad nacional] la siguen usando los sujetos obligados, o lo hacen también declarándose incompetentes o declarando que la información es existente, pero ahora se agrega esta nueva práctica de enfrentar procesos judiciales, encuentran la manera y esas prácticas son el virus actual de la transparencia”, declaró el comsionado presidente del instituto, Adrián Alcalá, durante un foro organizado por EL UNIVERSAL que se realizó el pasado 22 de marzo.
La Semarnat encabeza la lista con 147 casos, la mayoría relacionados con estudios de suelo e impacto ambiental de obras federales o estatales, como lo es el Tren Maya.
Por mencionar algunos casos, en septiembre de 2023, un particular solicitó los estudios de mecánica de suelos, geofísicos y geohidrológicos para los tiros Sur y Norte del Tramo 5 del Tren Maya, así como las actas de las visitas de campo en las que se hubiese consignado el estado natural de la vegetación.
En respuesta, la Semarnat negó los datos debido a la existencia del juicio de amparo 2878/2022 radicado en el Juzgado 1 de Distrito en el estado de Yucatán: “De divulgarse puede afectar el debido proceso”.
Otro particular también le pidió a la Semarnat las autorizaciones en materia de impacto ambiental, cambio de uso del suelo u otras, para el desarrollo del proyecto Puerta al Mar, en Quintana Roo, dentro de la reserva de la biosfera de Sian ka’an, la cual le fue negada porque hay un juicio en curso “y la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público”, subrayó.
El segundo lugar en la lista de dependencias que usan este nuevo modus operandi para negar información, es el SAT, con 100 casos, entre los que destaca la negación a hacer públicas las actas de sus juntas de gobierno, mientras que el tercer sitio es para la SICT, con 69 casos clasificados, en su mayoría de obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren del Ist- mo de Tehuantepec y proyectos carreteros en todo el país.
El cuarto sitio es para la Ssa, con 52 casos, ya que entre otras cosas negó el contrato firmado por el gobierno de México para la adquisición de las vacunas Abdala contra Covid-19 con el gobierno de Cuba, solicitada en enero de 2023; le sigue el IMSS, con 38 casos; la SE, con 32; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 29; la Profeco, con 27, y Pemex, con 22 casos, que entre otras cosas rechazó hacer pública la correspondencia entregada y recibida de la Comisión Especial para el Caso Oceanografía.
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“Hay muchos más, ahorita en tránsito tenemos temas de Fonatur sobre el Tren Maya, donde argumentan que tienen procedimientos jurisdiccionales y que por eso no entregan la información del uso de vía o temas ambientales. También la consejería jurídica expide mucha información de expedientes relacionados con servidores públicos, está Sedatu, SICT, Semarnat, Presidencia, muchas dependencias federales, y los proyectos que más reservan son los que tienen que ver con obras”, puntualizó la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río, también durante el foro organizado por El Gran Diario de México el 22 de marzo pasado.
De acuerdo con el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados pueden clasificar la información como reservada cuando existe un proceso deliberativo “que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”.
Pese a ello, del total de solicitudes de información pública (865) que se clasificaron en los últimos 13 meses (1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024) bajo el argumento de “reserva por proceso deliberativo y vulneración en la conducción de expedientes judiciales”, sólo se contabilizan 140 recursos de revisión interpuestos ante el instituto de transparencia.
De ese total, el máximo órgano de transparencia en México confirmó la clasificación en sólo ocho casos, mientras que en 50 más revocó la clasificación y en 55 situaciones pidió modificar la respuesta, mientras que el resto sobreseyeron o se encuentran en proceso de análisis.
En las clasificaciones que se han revocado, el Inai ha comprobado que los procesos judiciales ya concluyeron al momento que se solicitó la información, que las causales reservadas no tienen relación alguna con los documentos que se pidieron, y que lo que se solicitó no afecta en ningún sentido a los procesos deliberativos o judiciales en curso.