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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los abogados Juan Araujo, César Omar González e Isaac Pérez, y al asesor financiero David Gómez Arnau de asociarse para cometer tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero en agravio de Juan Collado, con el objetivo de que vendiera la empresa Caja Libertad.
Aunque en la audiencia inicial, celebrada este jueves, la FGR señaló que el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer formó parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuadro investigados, él no fue citado a comparecer ni se ha dado a conocer si hay una carpeta de investigación abierta contra el exfuncionario.
Los cuatro investigados comparecieron por primera vez de manera presencial acompañados de sus abogados y Juan Collado, en su calidad de víctima, se presentó por videoconferencia desde el Reclusorio Norte.
El fiscal Manuel Granados Quiroz retomó todos y cada uno de los hechos descritos por el abogado Juan Collado en la denuncia que presentó en octubre pasado contra Scherer, Araujo, Gómez, González y Pérez, a quienes acusó de extorsionarlo para lograr la venta de Caja Libertad.
Con 75 datos de prueba, la FGR pidió al juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vincular a proceso a los cuatro investigados, a quienes señaló porque entre noviembre de 2018 y julio de 2021 supuestamente conformaron, junto con Scherer, una asociación delictuosa para cometer otros tres delitos: tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el caso de tráfico de influencias, el fiscal Granados detalló que los investigados cometieron este delito al promover gestiones ilícitas que supuestamente realizaría Scherer para que Juan Collado recupere su libertad a cambio de diferentes cantidades de dinero y la venta de las acciones de su empresa.
Las gestiones que Araujo y González supuestamente dijeron a Collado que haría Scherer serían ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para aclarar unos depósitos que Juan Collado realizó a cuentas de España, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para conseguir un oficio en el que se declarara que el abogado no estaba en la lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero.
También ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que autorizara la venta de Caja Libertad; la FGR, para conseguir la posibilidad de negociar un acuerdo reparatorio para que Collado logre librar la acusación que actualmente lo mantiene preso por lavado de dinero y delincuencia organizada, y ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), para conseguir que el Quinto Tribunal Unitario fuera el que resolviera la apelación tramitada por la defensa de Collado contra su vinculación a proceso.
De todas esas gestiones, Collado entregó copias y originales de los documentos que respaldan sus dichos y sus hermanos Antonio y Julia y sus hijos Juan y María del Mar declararon ante la FGR, y también entregaron sus celulares en los que tienen las conversaciones que sostuvieron con los cuatro imputados y otros documentos para reconfirmar la versión que su padre presentó en la denuncia.
De los actos de extorsión, la FGR señaló que los investigados obligaron a Juan Collado a pagar un total de 37 millones 892 mil 799.97 pesos, divididos en dos partes, para las supuestas gestiones y ayuda que ellos conseguirían por parte de Scherer, así como a firmar un contrato de prestación de servicios profesionales con Isaac Pérez, quien aparece como abogado de Collado, pero nunca compareció a ninguna audiencia ni lo conoció en persona, aunque fue el designado para cobrar millón y medio de dólares de honorarios de los abogados Araujo y González, y a aceptar vender sus acciones en la empresa Caja Libertad.
“Todo esto, para obtener un lucro indebido ocasionándole un daño patrimonial a Juan Ramón Collado Mocelo”, apuntó Granados Quiroz.
Que el millón y medio de dólares que recibió Isaac Pérez fue la primera parte de un pago total de 3 millones de dólares que supuestamente Araujo le requirió a Collado a cambio de ayudarlo a librar la acusación por la que fue detenido en julio de 2019 y se realizó el 20 de febrero de 2020 en Madrid, España, mediante un cheque por un millón 381 mil 851.68 euros.
De los cuatro investigados, César Omar González fue imputado por operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a que antes de ser detenido Collado le pagó 10 millones de pesos en efectivo a cambio de hacer gestiones ante la UIF para evitar el bloqueo de sus cuentas bancarias mientras se le investigaba por un depósito que realizó a una cuenta en España y que quedó aclarado ante la SHCP en junio de 2019.
Al cierre de esta edición el juez aún no emitía su resolución sobre la vinculación a proceso, pues la fiscalía se tomó más de nueve horas para formular la imputación y sustentar su petición.
El fiscal Manuel Granados Quiroz inició la ofensiva en la audiencia anunciando que algunos de los abogados que representaban a los investigados también forman parte de la carpeta de investigación y es posible que eventualmente sean coimputados.
Por ello, solicitó removerlos de la defensa.
Se trató de los abogados Alejandro Robledo, quien defiende a César Omar González, exsubsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de La Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Agustín Acosta, quien defiende a David Gómez Arnau, y Diego Madrazo Labardini, quien defiende a Juan Araujo.
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