Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de , es enjuiciado en Nueva York por cinco cargos relacionados con conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y haber hecho declaraciones falsas ante agentes aduanales de Estados Unidos. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión el 27 de noviembre contra el exservidor público por el delito de enriquecimiento ilícito, a ocho años de haber dejado su cargo.

De la administración de , el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es acusado por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, por delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Actualmente negocia acceder a un criterio de oportunidad. Otro caso es el de la Estafa maestra, por el cual Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, está en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Durante las administraciones de los expresidentes Calderón Hinojosa y Peña Nieto se iniciaron 16 mil 821 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos federales, pero sólo 16% fueron consignadas o vinculadas a proceso, según datos de transparencia de 2006 a mayo de 2018 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Un 76% de los delitos por los que se abrieron esas investigaciones son: abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y peculado. Cohecho tuvo mil 767 expedientes; uso indebido de atribuciones y facultades, mil 414; enriquecimiento ilícito, 330; ejercicio indebido de las funciones, 235; coalición de funcionarios, 91; intimidación, 74; tráfico de influencias, 77, y concusión, 41.

Este diario solicitó el número de sentencias por delitos cometidos por servidores públicos en el mismo periodo, pero la Dirección de Estadística de la PGR sólo entregó datos de 2013 a mayo de 2018. En ese lapso se registraron 186 sentencias, y sólo ocho de cada 10 fueron condenatorias.

Los delitos de cohecho, abuso de autoridad y peculado fueron los que más sentencias condenatorias tuvieron con 73%.

Por otro lado, hubo otras conductas como la coalición, concusión, intimidación y tráfico de influencias que tuvieron cero registros de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, en el tiempo analizado.

“Cada presidente que llega tiene una idea muy particular de qué entiende por corrupción y, cómo de acuerdo a su percepción debería combatirse (…) tenemos un sistema nacional anticorrupción que se logró crear, pero que francamente no recibió el empuje que necesitaba para crecer y volverse algo serio. Entonces, tenemos una institución que nos cuesta dinero y que francamente creo que, así como está, no sirve para nada”, dijo Hugo Alejandro Concha Cantú, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Lo que dicen las sentencias

Aun cuando se pidieron vía transparencia detalles sobre todas las sentencias, sólo un área de la FGR las proporcionó. La Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales dio datos sobre 12 expedientes. Siete por uso ilícito de atribuciones y facultades de servidores públicos de Pemex, IMSS, Secretaría de Salud y la representación de la Secretaría de Gobernación en Durango; dos por enriquecimiento ilícito en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); dos por cohecho, una en la Policía Federal y otra señalaron que se desconoce. Una más se presentó por ejercicio abusivo de funciones en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se consultaron cinco de estas sentencias disponibles en su versión pública. A continuación se describen los hechos analizados por EL UNIVERSAL.

En el expediente 326/2015 se indica que el entonces coordinador Administrativo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (Ssa), realizó un pago ilegal por 4 millones de pesos a la empresa Global Services & Hotels mediante una cuenta por liquidar.

Se realizó el pago por el concepto de congresos y convenciones sin la contraprestación de un servicio y sin un instrumento jurídico que determinara la obligación de pago alguno. Por ello, se le sentenció por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El juez lo condenó a un año 11 meses de prisión, multa de 7 mil 477 pesos con 50 centavos, destitución e inhabilitación de un año, 11 meses y siete días, y a la reparación del daño material.

En otro expediente con el número 49/2015 se narró que un técnico especializado de la Cofece cometió el delito de ejercicio indebido del servicio público porque sustrajo ilícitamente documentación de la que tuvo conocimiento por su empleo. El juez resolvió que era responsable y le impuso la pena de dos años de prisión y multa de 30 días, que equivalen a mil 794 pesos con 60 centavos, se le destituyó e inhabilitó por dos años y se le absolvió de la reparación del daño.

Sanciones menores

En el expediente 98/2010 se sentenció a un servidor público que era superintendente de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de Tierra Blanca, Veracruz, por uso indebido de atribuciones y facultades relacionado a que teniendo a su cargo fondos públicos realizó un pago ilegal. Validó y firmó una factura por 119 mil 278 dólares presentada por la empresa Dasahj Ingeniería de Proyectos y Construcciones S.A. de C.V., “lo cual constituyó un pago ilegal en virtud de que dicha factura fue pagada sin haber sido entregados todos los equipos estipulados en el contrato 4500045800, lo que ocasionó un daño económico a Pemex Refinación”.

Su condena fue de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión y 200 días de multa, equivalentes a 20 mil pesos, inhabilitación de tres años, cuatro meses y 15 días, y pago de la reparación del daño.

El expediente 32/2014 indica que un subinspector adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal fue condenado por el delito de cohecho por recibir 40 mil pesos. De acuerdo con una denuncia de hechos, el servidor público les habría pedido dinero a varios trabajadores porque, según dijo un declarante, “teníamos un pedo medio cabrón”, algunos por falsificación de documentos y otros por falsedad de declaración.

“Me dijo que, si el día lunes entraba a su oficina y no lo veía para darle el dinero, lo primero que iba a hacer era ir a la PGR para entregar su denuncia en contra de nosotros y rompernos la madre”, señaló un declarante. También añadió que lo citó en una avenida para que le entregara dinero en su automóvil. El servidor público contó el dinero que ascendía a 40 mil pesos, pero le dijo que faltaban 30 mil porque eran 10 mil por persona y éstos eran siete. Lo que no sabía es que Asuntos Internos filmaba el hecho a unos metros de distancia.

El servidor público fue detenido por haber recibido indebidamente dinero por parte de un policía federal para que se abstuviera de dar seguimiento a una averiguación previa por la probable comisión del delito de robo de nueve boletas de infracción que, al parecer, con anterioridad habían tenido diversos policías, se lee en el documento. El juez lo sentenció a dos años de prisión y 300 días de multa que equivale a 19 mil 131 pesos, así como la destitución e inhabilitación durante dos años.

En el expediente 59/2011 se le condenó a un servidor público por el uso indebido de atribuciones y facultades por el ejercicio de las funciones de un cargo sin haber tomado posesión legítima del mismo. Un servidor público que tenía el carácter de delegado Estatal y/o analista Técnico de la Secretaría de Gobernación en Durango expidió siete permisos para la realización de carreras de caballos, peleas de gallos y rifas de números. Se le impuso la pena de prisión de tres meses y tres días, así como la multa por 4 mil 764 pesos con 80 centavos, la reparación del daño causado y amonestación privada para evitar que reincidiera.

A los servidores públicos condenados de los casos analizados se les hizo una amonestación pública o privada y se les otorgó la posibilidad de la sustitución de la pena de prisión.

“Está probado que entre mejores condiciones tengan los servidores públicos menos estarán tentados a buscar otro tipo de satisfactores. En cambio, cuando los tienes muy castigados, ganan mal, no están bien capacitados y no tienen la formación necesaria, cuando no entienden bien ni siquiera el contexto y la importancia que tiene el trabajo que realizan, todo eso abre espacios para que eventualmente cometan conductas relacionadas con este fenómeno de la corrupción”, explicó Concha Cantú.

El reto de la 4T

Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador incluyó el combate a la corrupción en sus 100 compromisos de gobierno. Entre estos están la entrega directa de apoyos que da el gobierno “para evitar moches, corrupción y manipulación política”; la implementación de la austeridad republicana y el incremento del presupuesto para financiar los programas de bienestar que, dice, “se obtendrán de ahorros por no permitir la corrupción”; convertir en “delito grave” y sin derecho a fianza la corrupción y dar preferencia a empresas internacionales sin tolerancia a prácticas de sobornos o corrupción.

El 13 de junio de 2019, López Obrador comunicó a secretarios de gobierno federales, directores de empresas u organismos paraestatales, y a los servidores públicos, a través de un memorándum, que se dirigía a ellos con la instrucción de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, amiguismo y nepotismo: “Sólo me resta decirles que, de no cumplirse esa recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”, sentenció el Mandatario federal.

La reforma al artículo 19 de la Carta Magna señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Arturo Cossío Zazueta, director del seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que el problema, en este caso, viene desde las iniciativas, porque algunas de las que presentaron decían que no desincentivaba a los servidores públicos en cuanto a la realización o no de hechos de corrupción el que pudieran enfrentar el proceso en libertad, por eso entonces se planteó la prisión preventiva oficiosa.