Sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, lo que significa que la impunidad en este delito de alto impacto acumulada es de 92.8% en dicho periodo, en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México, reveló la organización Impunidad Cero.
Según el quinto índice sobre Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, el año pasado la impunidad directa en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4%, una disminución con respecto a 94.4% de 2020.
Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021 fueron Oaxaca, con 100%, seguido de Morelos, con 99.8%; Tlaxcala, 99.5%; Colima, 99.3%; Guerrero; 98.5%; Chihuahua, 98.2%, y Puebla, con 98.1%.
En contraste, entre las entidades con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, con 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; Ciudad de México, 69.6%, y Coahuila, 70.9%.
En feminicidio la impunidad directa a nivel nacional fue de 45.8%, es decir, menos de la mitad de los casos registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.
Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala (ambos con una impunidad de 100%), seguidos de Chihuahua, con 98.8%; Colima, 92.1%; Puebla, 88.7%, y Morelos, 86.1%.
“El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de suma gravedad e impacto social, se traducen en impunidad”, señaló la organización Impunidad Cero.
Al presentar el estudio, Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, afirmó que menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema acusatorio de justicia penal en México.
“Tristemente, sólo siete de cada 100 homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios han concluido con sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal. La pandemia afectó el comportamiento de las sentencias y en consecuencia los niveles de impunidad. El dato que más nos preocupó es que la mayoría de los homicidios intencionales de hombres y mujeres son perpetrados con arma de fuego, por lo que es urgente la coordinación entre las fiscalías locales y la fiscalía general, que exista y mejore para investigar estos delitos y esclarecerlos”, lamentó.
El coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla, Juan Antonio Le Clercq Ortega, consideró que la impunidad que prevalece en México se debe en gran medida a la falta de capacidades institucionales en las fiscalías y a la falta de “voluntad política” para destinar recursos al fortalecimiento del sistema de procuración y administración de justicia.
“La impunidad está relacionada con escándalos de corrupción, con pactos de impunidad, pero un factor que explica gran parte del problema es que no hay capacidades institucionales. No importa ante qué delito, no tienes los mecanismos para proteger a la población y construir soluciones. Además, hemos visto reducciones de presupuesto o subejercicios muy importantes y eso se traduce en la construcción de capacidades”, aseveró.
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