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La impunidad en los delitos cometidos contra mujeres se ha convertido en una constante en los últimos años en México, debido a que sólo 7% de los crímenes que sufre este sector son investigados por el Ministerio Público (MP).
La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reveló, por ejemplo, que en el año 2018 ocurrieron 16 millones 667 mil 291 delitos contra mujeres; sin embargo, 15 millones 609 mil 239 no fueron investigados porque las personas afectadas no presentaron su denuncia o el MP no abrió una carpeta de investigación.
Aunado a esto, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también reveló que en 2018 se abrieron un millón 58 mil 52 investigaciones, pero sólo 58 mil 228 supuestos agresores fueron llevados ante un juez.
EL UNIVERSAL hizo una revisión de las últimas cuatro Envipe publicadas por el Inegi y detectó cifras similares: entre 2015 y 2018 sólo 7% de los ilícitos contra mujeres fueron investigados y, posteriormente, sólo entre 5% y 7% de los presuntos delincuentes fueron llevados ante un juez para comparecer por sus delitos.
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Por otra parte, el Inegi también explica por qué la población femenina no acude al MP a denunciar: por considerar que es una pérdida de tiempo, por desconfianza a la autoridad, por considerar que el delito no tiene importancia, porque no tenían pruebas, para evitar el trámite largo, por miedo a su agresor, por la actitud hostil de las autoridades, por temor a ser extorsionadas y por otras circunstancias que no fueron especificadas.
Especialistas consultadas para este trabajo pidieron prestar atención al trabajo de los agentes del MP, debido a que su comportamiento hacia las mujeres podría ser una de las principales causas por las cuales este sector no denuncia las agresiones.
Discriminación
Irene Tello Arista, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, expuso que este fenómeno “mucho tiene que ver con una discriminación al momento de denunciar. A las mujeres se les trata con prejuicios y estereotipos, las autoridades les preguntan si estaban alcoholizadas, si tenían una relación con el agresor, si están seguras si quieren denunciar. Los peritajes que se deben hacer inmediatamente se tardan mucho o no hay personal especializado”.
El año pasado Impunidad Cero, junto con la asociación Tojil, dieron a conocer la Guía contra la violencia de género en los Ministerios Públicos, documento con el cual hicieron 10 recomendaciones a las mujeres para que acudan a las instancias procuradoras de justicia y denuncien cualquier agresión en su contra.
A casi un año de publicar la Guía contra la violencia de género, Irene Tello explica que 90% de los delitos ocurridos en el ámbito familiar contra las mujeres no se denuncian y la cifra sería mayor en los ilícitos ocurridos en el ámbito comunitario.
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En tanto, la Envipe explica cuáles son las entidades federativas donde hay una mayor cantidad de delitos contra mujeres sin investigar.
El Estado de México tiene la mayor cifra negra, seguido de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Baja California, Sonora, Nuevo León y Guerrero.
En sentido contrario a esto, los estados que registran una menor cifra negra son Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán.
Adriana Greaves, abogada y cofundadora de Tojil, dijo que la baja cantidad de delitos denunciados se debe a una normalización de la violencia por parte de este sector y la incapacidad de las autoridades.
“La mujer ha minimizado la violencia en su contra y considera que es una actuación normal del hombre, piensan que es algo sin importancia. Por otra parte, también existe un temor fundado en las mujeres de que si quieren denunciar no encuentran respuesta ni protección por parte de las autoridades”, aseveró.
La especialista consideró que para acabar con la impunidad contra la población femenina no solamente es necesario atender la cifra negra, sino fortalecer el sistema de justicia.
“La realidad es que actualmente las instituciones de procuración y de investigación están rebasadas con alrededor de 10% de las denuncias de mujeres. Ahora, imagina si todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia denunciaran; veríamos un colapso absoluto por parte de las instituciones”, señaló.
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La violencia que sufren las mujeres en el país no sólo ha provocado que dejen de denunciar, sino que su percepción de la seguridad ha empeorado.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 (Ensu) del mismo Inegi, 77% de las mujeres se sienten inseguras en México.
No llevan a agresores ante el MP
En 2015, un total de 64 mil 588 agresores de mujeres fueron llevados ante un juez luego de que el MP hubiera realizado una investigación. Se trata de la cifra más elevada que ha habido en los últimos cuatro registros que ha dado a conocer la Envipe.
A pesar de ello, los 64 mil 588 agresores apenas representaron 7% del total de personas que fueron investigadas en 2015 por parte de las autoridades.
Luego de ese momento, es decir, entre 2016 y 2018, la cifra de presuntos delincuentes llevados ante un juez no ha superado 5%.
Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, explicó que el sistema de justicia para las mujeres se ha convertido en un círculo de impunidad.
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“De los pocos delitos que se denuncian, un porcentaje menor llega ante un juez. Eso quiere decir que la mujer presentó la denuncia, pero luego tienes a un ministerio público incapaz de integrar y de investigar de manera correcta una carpeta de investigación para que se inicie un juicio”, dijo.
De igual forma, la especialista agregó que los obstáculos que las mujeres enfrentan continúa cuando un presunto delincuente llega ante un juez pero no se le castiga porque no hay elementos para comprobar el delito.
Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, dijo que este fenómeno puede deberse a “la desarticulación de los actores del sistema de justicia, Siempre separamos las críticas hacia policías o jueces, y evaluamos el desempeño de cada una de las instituciones, y no nos hemos dado cuenta de que son instituciones que además de tener sus propias carencias deben trabajar en conjunto.
La especialista agregó que el bajo número de agresores que llegan ante un juez también podría deberse a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el cual permite resolver asuntos sin la necesidad de llegar hasta esa instancia del proceso legal.
Con respecto a este tema, la última Envipe señala que, durante 2018, en 6.6% de las carpetas investigación las mujeres recuperaron sus bienes, 3.7% de los delincuentes obtuvo el perdón de la víctima y en 2.7% de los casos hubo una reparación del daño a las afectadas.
Debido a que la Envipe no tiene desagregados los tipos de delitos por sexo, fue imposible conocer cuáles fueron los ilícitos más cometidos contra la población femenina.
Lo que sí es posible saber es que 20% de las carpetas de investigación iniciadas en 2018 por delitos contra mujeres estaban en trámite hasta el último mes de septiembre, cuando la Envipe fue actualizada por última ocasión.
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Además, 52% de esas indagatorias no habían mostrado ningún resultado positivo en favor de las víctimas.
Frente a este escenario de violencia e impunidad, las mexicanas han convocado a un paro nacional el próximo 9 de marzo, con el objetivo de que la población femenina deje de realizar sus actividades económicas, laborales y académicas para llamar la atención de las autoridades.
Esta manifestación se llevará a cabo un día después del Día Internacional de la Mujer, momento en el que se espera que ocurran diversas marchas en el país.
Por otra parte, el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó hace dos días que durante enero de este año 230 mujeres fueron asesinadas; de estos casos sólo 73 son investigados como feminicidio.
