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El está dispuesto a presionar para que el Congreso apruebe la Dream Act (Ley del Sueño) que permitiría regularizar la situación en Estados Unidos de los casi 700 mil jóvenes indocumentados afectados por la decisión de la administración Donald Trump de acabar con el programa DACA.
El senador Dick Durbin (Illinois), quien abandera desde hace 16 años la búsqueda de una solución para los dreamers, dijo en una conversación con periodistas que seguirán buscando apoyos entre los republicanos para conseguir la “ley correcta”, un texto que no incluya ningún tipo de cláusula en materia de seguridad fronteriza o el muro, y que tampoco deje en la estacada a los padres de los jóvenes soñadores.
Como plazo se ha marcado el 8 de diciembre, fecha en la que termina la prórroga presupuestaria pactada entre los líderes demócratas y el presidente Trump, pero el senador dijo esperar hacerlo antes y que se están moviendo “lo más rápido posible”.
“Acabar con el DACA no arregla nuestro sistema migratorio roto”, dijo por su parte la senadora Catherine Cortez-Masto (Nevada), quien también participó del encuentro y que lidera la ofensiva demócrata. Según explicaron tienen a cuatro republicanos “a bordo”, de los 12 que necesitarían para aprobar el texto.
Lo que tienen claro es que deberán pactar con la Casa Blanca, y las negociaciones que se iniciaron hace 10 días continuarán esta próxima semana para determinar el “paquete de seguridad” con el que se comprometerán a cambio de obtener el compromiso del magnate de ayudar a la aprobación de una ley para los dreamers con un camino a la ciudadanía.
De momento, sin embargo, el futuro de los soñadores sigue en el limbo. Sólo falta una semana para que venza el plazo de renovación del permiso DACA para aquellos cuyo documento caduca antes del 5 de marzo, fecha en que concluiría el programa. Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que no se plantea ninguna extensión del plazo, a pesar de las quejas por la lentitud del proceso y los problemas derivados de los huracanes en Texas o Florida.
“No hemos tenido ninguna petición (…) y no tenemos ninguna indicación de que los que reciben DACA estén teniendo problemas”, indicó la la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, quien respondió así a las preguntas de la senadora demócrata Kamala Harris, quien se quejó del poco tiempo que la administración ha dado a los dreamers para renovar sus permisos y conseguir los 495 dólares que cuesta el trámite. Duke tampoco dio respuesta a la duda sobre qué se hará con la información que el gobierno tiene de los beneficiarios.
En tanto, el Departamento de Estado estableció en 45 mil el número máximo de refugiados que pretende admitir en el año fiscal que comienza el próximo 1 de octubre y concluirá el 30 de septiembre de 2018. Por regiones, se aceptará a un máximo de mil 500 refugiados de Latinoamérica y el Caribe; 19 mil de África; 17 mil 500 del Medio Oriente y Sur de Asia, 5 mil del Este de Asia, y 2 mil de Europa y Centro de Asia. En el año fiscal 2017 el tope fue de 110 mil refugiados.
