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El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, anuncio que acudirá ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se revise la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que determino declarar improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por Acción Nacional, que buscan detener la campaña electoral sistemática que viene realizando el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Ello derivado de sus pronunciamientos en las conferencias mañaneras de los días 9 y 11 de mayo, donde hace un claro llamado a no votar por el Partido Acción Nacional, así como a establecer una estrategia electoral en favor de Morena, referente al próximo proceso electoral del 2024.
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Se argumenta que en consecuencia se viola el principio de neutralidad e imparcialidad con el que debería de conducirse el titular del Ejecutivo Federal, utilizando los medios de difusión con los que cuenta el estado mexicano que el objetivo principal es para informar a la ciudadanía.
"Esto lo hace ver como promotor de una campaña con tintes electorales en la que realiza expresiones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de un partido político opositor a su régimen".
En el Partido Acción Nacional consideramos indispensable que la autoridad electoral analice con apego a los principios democráticos de legalidad y certeza, así como salvaguardar la equidad en la contienda que debe prevalecer en los procesos Electorales del 2024.
Advertimos que con la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se permite que desde Palacio Nacional se legitime una estrategia electoral ilegal en favor del movimiento que promueve de manera facciosa el titular del ejecutivo federal, quién ha ignorado de manera evidente su obligación constitucional de salvaguardar el Principio de Neutralidad e Imparcialidad.
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Por ello pediremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrija está injusticia y se ordene al Instituto Nacional Electoral, ejercer sus facultades constitucionales y legales para que se restablezca el estado de derecho, por el que se debe regir esta institución.
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