Senadores de oposición impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el acuerdo de obras públicas e infraestructura del gobierno federal, también conocido como decretazo, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un total de 47 senadores, miembros del PAN, PRI, PRD, MC y el grupo plural presentaron ante el máximo tribunal una acción de inconstitucionalidad, misma que será analizada por la Comisión de Receso, integrada por las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, para definir en los próximos días si desecha o se admite a trámite la demanda.
Los legisladores indicaron que el acuerdo publicado por el Titular del Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ,el pasado 22 de noviembre, violenta la Constitución Política y atenta contra la división de poderes.
La impugnación se suma a la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que fue admitida por el ministro Juan Luis González Alcántara.
El decretazo cataloga todas las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional, así como cualquier proyecto que se considere prioritario para el desarrollo del país.
En consecuencia, además de ordenar una reserva “automática” de cualquier información relacionada con estas obras, también ordena la adjudicación directa de las mismas y la expedición de autorizaciones y licencias “exprés” para ejecutarlas lo más pronto posible.
Al admitir la controversia del Inai, el ministro Juan Luis González Alcántar concedió la suspensión para que la reserva de la información ordenada por el Mandatario federal, en términos del decreto del 22 de noviembre, no surta efectos.
Por tal motivo, el resto de las consecuencias del decreto presidencial quedaron subsistentes, pues en el litigio del Inai se impugnó una posible invasión de competencias en materia de transparencia y acceso a la información pública federal y violaciones al derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
En cambio, en el litigio planteado por los senadores se alegan violaciones a la Constitución que pueden hacer inválido todo el decreto, no sólo lo que se refiere al tema de transparencia.
