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El gobierno federal impugnó por primera vez una suspensión definitiva concedida por un juzgado en el Estado de México, que ordenó mantener frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en representación del titular del Ejecutivo federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó un recurso de revisión en el expediente número 504/2019 ante el juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México.
La dependencia impugnó la decisión del juez de conceder la suspensión definitiva para mantener paralizada la obra de Santa Lucía hasta que se resuelva el fondo del amparo.
“[Queda] por recibido el oficio de cuenta, signado por el director general adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del Presidente de México, del secretario y el subsecretario de Transporte de la SCT, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria relativa a la suspensión definitiva y, al efecto, expresa los agravios que en su concepto le causa la misma. Téngasele promoviendo el medio de impugnación intentado.
“Luego, dentro del término de tres días, contando a partir del siguiente al que se encuentre debidamente integrado el original del incidente con las notificaciones correspondientes, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, conjuntamente con el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso de mérito”, indicó el juez Agustín Buenrostro.
El expediente forma parte de las 147 demandas presentadas por el colectivo #NoMásDerroches con las que reclamó la decisión del Jefe del Ejecutivo de cancelar el proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco y sustituirlo por el de Santa Lucía.
Esta impugnación es la primera que se tiene registrada contra una de las suspensiones que han sido concedidas en dichos juicios.
En otros expedientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha refutado las admisiones de nueve amparos.
Hasta el momento se tiene registro de la concesión de cuatro suspensiones definitivas y dos más provisionales.
Los argumentos para concederlas han sido para que el gobierno federal acredite que cuenta con los permisos en materia de medio ambiente, de seguridad aérea y preservación aqueológica.
En algunos expedientes, los jueces y tribunales federales han ordenado preservar las obras ya existentes en el proyecto de Texcoco mientras continúa la tramitación de los juicios.
