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El candidato a la dirigencia nacional de Morena ,
, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) la presunta ilegalidad de la elección de los tres nuevos integrantes del órgano de impartir justicia interna, así como la reelección de otros dos.
El Consejo Nacional “ampliado” de Morena sesionó el pasado 30 de noviembre, y entre sus resolutivos eligió a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) del partido: Patricia González García, Patricia Ramírez Kuri y Vladimir Ríos García, y además convocó a realizar el Congreso Nacional el 26 de enero.
La legalidad del pleno “ampliado” y de las decisiones que tomó fueron objetadas por Rojas, quien promovió ante el TEPJF un juicio ciudadano per saltum, es decir, sin recurrir al órgano de justicia interno, pues su integración fue considerada ilegal.
Sobre la nueva integración de la CNHyJ, el morenista alegó que no se cumplió con el método de elección previsto en el estatuto para esos cargos, que es en votación directa secreta y en urnas, además acusó que los nuevos funcionarios nombrados fueron propuestos por los comisionados en funciones.
De acuerdo a la impugnación presentada ante el TEPJF los integrantes de la Comisión de Honestidad no sólo nombraron sucesores, sino que fueron reelectos para otros tres años, hasta 2022, reelección que no está permitida por las normas de ese partido.
De acuerdo a la impugnación presentada por el morenista, se violó el estatuto que expresamente prohíbe que se voten cargos en planillas, además se decidió al parecer “a mano alzada”, cuando la regla indica que debe ser en votación secreta y en urnas, donde cada consejero puede votar hasta por dos candidatos.
Sin embargo, estableció que el Consejo reportó haberse avalado esa terna con 53 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención.
Una presunta irregularidad más consistió en que en todo el proceso debió actuar la Comisión Nacional de Elecciones, pero no hay evidencia de que haya participado.
Díaz Durán también expuso la ilegalidad de que se votara la propuesta hecha por los integrantes de la CNHyJ con el argumento de que “ellos habían revisado los perfiles adecuados”, por lo que no se respetó el derecho de los consejeros asistentes a ser votados.
Respecto a los comisionados Adrián Arroyo Legaspi y Héctor Díaz Polanco, Rojas Díaz Durán recordó que fueron electos en 2016 y su periodo de tres años venció en febrero de 2019.
Pero el Consejo “ampliado” sólo eligió a tres integrantes de la CNHyJ y de los que estaban en ejercicio se mencionó que “se mantendrían en su cargo hasta el 2022 por formar parte de la nueva Comisión”, reelección implícita ilegal, pues esos cargos son sólo de tres años.
Por eso, en su impugnación Rojas pidió que se revoque y reponga la integración de la CNHyJ.
Respecto al Consejo “ampliado”, el morenista impugnó que éste fue convocado de forma ilegal sólo en redes sociales “y no como marca el estatuto en la página oficial, los estrados o redes sociales”, y además dado que se informó que es de 285 consejeros, era necesaria la asistencia de 143 es decir 50% más uno, por lo que “no reunió el quórum legal mínimo requerido”.
Eso se comprobaría, expuso, pues la presidenta del Consejo, Bertha Luján, declaró instalado el Consejo con 137 de 285 integrantes.
Además el Consejo “ampliado” no se ajusta al Estatuto de Morena, pues no existe eso en el Estatuto y su conformación no puede estar “sujeto a características propias de ocurrencias del directivo o incluso de un presidente en funciones”.
“Al ser el Consejo Nacional máxima autoridad después del Congreso Nacional no debe confundirse a la militancia (con) eventos con nombres similares o parecidos, ya que tal acto tendría por objeto simular y en consecuencia faltar a los principios de certeza y seguridad jurídica”, expuso.
El morenista recordó que al evento acudieron más de los 300 consejeros que lo componen, “en términos coloquiales a estas personas se les llama cachirules”.
rmlgv
