En su primer año de gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador imprimió su sello en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con la designación en el Senado de Margarita Ríos-Farjat, quien entrará en funciones a partir de enero, el Ejecutivo nombró tres ministros para ganar terreno dentro del Poder Judicial de la Federación.
Además de estas designaciones, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se ha pronunciado abiertamente afín al proyecto lopez- obradorista. Ha mantenido un discurso de austeridad, lucha contra la corrupción y el nepotismo, puntos torales en las críticas que López Obrador ha hecho al Poder Judicial desde su campaña.
Desde su triunfo, en diciembre de 2018, el Presidente tenía la opción de designar a tres ministros para sustituir a José Ramón Cossío, Margarita Luna y Fernando Franco.
En el lugar de Cossío fue designado Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En marzo de 2019, con la salida de la ministra Margarita Luna Ramos, llegó Yasmín Esquivel Mossa, proveniente del Tribunal de Justicia Administrativa de la capital.
De manera inesperada, en octubre pasado se abrió una puerta para que López Obrador realizara otro nombramiento, pues Eduardo Medina presentó su renuncia luego de ser cuestionado por un supuesto enriquecimiento inexplicable.
Con ello, el Presidente armó una nueva terna, de la que el pasado 5 de diciembre resultó electa Margarita Ríos-Farjat, quien se desempeñaba como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por designación del Mandatario.
En tanto, para 2021 López Obrador enviará una nueva terna para sustituir al ministro Fernando Franco González Salas, quien concluirá su periodo dentro de la Corte.
Piden reforzar proceso de elección
Constitucionalistas criticaron el proceso por el cual son elegidos los ministros en el Senado.
Señalaron que casi todas las ternas están conformadas por personajes cercanos a grupos políticos, además de que siempre hay un candidato favorito para ir a la SCJN.
Lamentaron que los partidos de oposición sólo toman este rol durante las jornadas electorales, pero que cuando arranca un nuevo gobierno negocian todas las decisiones.
Sobre si el máximo tribunal perderá autonomía este sexenio, los especialistas pidieron esperar al siguiente año para conocer cuál será el sentido de las resoluciones de los nuevos ministros.
La profesora investigadora del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE) Catalina Pérez Correa consideró que el proceso para elegir a los integrantes del pleno de la SCJN es una simulación porque no hay un debate real sobre los perfiles de los aspirantes.
“Hay ternas en las que viene un candidato designado y se hace al final un proceso de simulación en el Senado, en el cual se pretende interrogar y recibir opiniones de la sociedad civil para luego designar a la persona que todo el mundo sabía que iba a ser.
“[La oposición en el Senado] hizo lo que le convenía a los senadores y no lo que México necesitaba en términos de defender la autonomía del Poder Judicial”, dijo.
Por su parte Alejandro Madrazo Lajous, también investigador del CIDE, consideró que este año se perdió la oportunidad de renovar y mejorar los perfiles de la SCJN, donde tendrían que estar “las mentes jurídicas más reconocidas, más agudas”.
Advirtió que en las designaciones de este año imperó el “reino de la mediocridad y la politización”, y aseveró que esto ha ocurrido porque el Ejecutivo tiene la posibilidad de proponer una terna y si ningún candidato reúne las dos terceras partes de la votación, puede enviar una segunda con las mismas personas.
“Son incentivos muy perversos que lo que hacen es darle la mano al Presidente para designar a gente que sea leal y cercana, así sea mediocre”, señaló.
Una forma de acabar con estas prácticas, agregó, sería reglamentar que el Ejecutivo no pueda repetir nombres en sus ternas, también eliminar los tiempos límite para elegir a los ministros, porque de esa manera se podría realizar una investigación más exhaustiva de ellos.
Sobre este tema, el doctor en Derecho y académico de la Universidad La Salle Bernardino Esparza expresó que se debe modificar el proceso de selección de aspirantes para que no sólo participen quienes tienen nexos con grupos políticos.
“La Constitución dice que el Presidente propone una terna y el Senado elige a la persona más idónea. Tiene una indicación clara: tienes que estar muy cerca del poder político para que puedas ser candidato, si no lo estás, nadie te conoce”.
Indicó que en los próximos años los ministros propuestos por López Obrador deberán lucir su ética de juzgador para demostrar que sí son independendientes. Además, instó a las autoridades a abrirle paso a los académicos y estudiosos de Derecho que no tienen cercanía con fuerzas políticas, pero sí tienen capacidad para ser ministros.
Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, lamentó que haya un continuismo en la forma de hacer nombramientos: “Se está privilegiando la lealtad y la afinidad a un partido. No hay una transformación de las prácticas, las designaciones siguen privilegiando la cuota más allá de los méritos de los perfiles”.
