El senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado a quienes integran el Congreso de la Unión a superar el proceso electoral, conciliar posiciones y construir los instrumentos jurídicos que son indispensables para la población, como el Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares, que busca facilitar el acceso a una justicia cotidiana, con recursos sencillos, rápidos y efectivos.
El coordinador parlamentario de Morena señaló que busca homologar criterios, reglas, plazos y términos, así como establecer procedimientos judiciales ágiles, que permitan resolver los conflictos relacionados con las instituciones familiares, adopciones, divorcios, patria potestad, custodias o herencias.
Monreal Ávila advirtió que la justicia civil y familiar es “lenta, incierta, en muchas ocasiones discriminatoria, sumamente complicada y onerosa, sobre todo para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio, a través de profesionales del derecho y del litigio”.
Recordó que por ello, en diciembre pasado presentó una iniciativa para expedir un Código en esta materia, para todo el territorio nacional, de carácter público y en el fuero federal y local, que garantice mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos cotidianos.
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Durante la inauguración del primero de una serie de foros que se llevarán a cabo para recabar el punto de vista de especialistas, Ricardo Monreal sostuvo que la existencia de distintas reglas, plazos, términos, criterios y sentencias, y hasta contradictorias en este ámbito, ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita.
“Por eso necesitamos ponernos de acuerdo, homologar los criterios y establecer las bases normativas para tener un nuevo sistema de justicia civil y familiar, en beneficio de la población”.
El proyecto del senador, que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, el pasado 2 de diciembre, describe un procedimiento de carácter adversarial, democrático y oral, sustentado en una redistribución de los roles de sus principales personas operadoras, juzgadoras y litigantes.
Propone mecanismos judiciales orales, sencillos y efectivos para resolver todo tipo de conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, así como criterios jurídicos que garanticen mayor protección a los derechos humanos.
Además, “satisface las necesidades de una justicia cotidiana abierta, al cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo; y define condiciones de igualdad entre las personas justiciables, que eviten discriminación”.
En la iniciativa, Ricardo Monreal busca fortalecer los medios alternos para la solución de conflictos; impulsa el ejercicio de prácticas procesales que privilegien el debate y la calidad de la información, en condiciones de igualdad y respeto a los derechos humanos.
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También pretende regular las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que, planteó el senador, serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal y sólo para promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
La propuesta del senador, para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, genera la posibilidad de que cada entidad federativa desarrolle, de acuerdo con su situación financiera y particular, las plataformas y herramientas tecnológicas necesarias, para garantizar mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos.
Se trata, enfatizó el coordinador parlamentario de Morena, de un planteamiento revolucionario, para que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana a la gente, con procedimientos homologados, ágiles y uniformes, lo que dará a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica.
Monreal Ávila invitó a todos los actores involucrados en este tema, operadores de los juzgados, especialistas, académicos, investigadores y a la sociedad en general a participar en los foros, a analizar el proyecto en los meses de julio y agosto, a fin de que se considere entre los primeros temas que aborde el Senado el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
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