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El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de salida al proceso electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF), un ejercicio inédito al que se enfrentará sin la emisión de leyes secundarias, además de que debe diseñar desde cero la geografía electoral y el presupuesto.
El proceso inició con una ceremonia cívica, seguida de la sesión del Consejo General que emitió la declaratoria de inicio para la elección de ministros, magistrados, jueces e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y, por primera vez, sin presencia de las representaciones de partidos políticos.
Además, aprobó la conformación de la Comisión Temporal para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, la cual será presidida por Jorge Montaño, e integrada por Norma de la Cruz y Rita Bell López.
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En la inauguración, la consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que este proceso electoral se realizará de forma transparente y con reglas claras para todos los participantes: “Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario; que no quede duda, trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional y, lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos los mexicanos”, dijo.
“Celebramos la oportunidad de fortalecer el Estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes”, aseveró.
Sin embargo, también precisó que ante la ausencia de leyes secundarias, el INE podrá emitir los acuerdos necesarios para poder avanzar con la organización y adelantó que se reunirá con legisladores para poder exponer los puntos que preocupan y trabajar en ello.
Si bien no existe un cálculo oficial, dijo que podrían ser más de 800 cargos de elección que se llevarán a las urnas el siguiente año, pero aún debe definirse la geografía electoral y el presupuesto, entre otros.
Expuso que desplegarán acciones de vigilancia, supervisión y para verificar que se cumplan las reglas de campaña sobre radio y televisión, foros, debates y la prohibición del uso de financiamiento público o privado para proteger la equidad de la contienda.
El consejero Jorge Montaño, que presidirá la comisión especial, se posicionó a favor de la reforma, al asegurar que “busca salvaguardar mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las personas juzgadoras, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad, pero que también sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”.
Señaló que se trata de una “triada electoral”, ya que no sólo involucra al INE, sino también a las autoridades jurisdiccionales, electorales y penales.
La consejera Claudia Zavala confió en que podrán sacar adelante el proceso, aunque advirtió que dada su complejidad, “la letra de la ley va a ser imposible que nos dé las respuestas a todos los retos que nosotros tenemos que asumir.
“El INE construirá los lineamientos que nos permitan cumplir con nuestra responsabilidad, porque la reforma prevé los principios rectores y dentro de estos están el principio de certeza y legalidad. Las reglas se ponen antes, no durante los procesos operativos”, subrayó.
“Valdría la pena hacer una atenta invitación al [Poder] Legislativo a que, si es su voluntad y será su voluntad normar y dar las reglas para este proceso, se haga con la mayor inmediatez, porque nosotros, el proceso lo veremos, tendremos que construir un plan de trabajo, un cronograma y cualquier cambio tiene implicaciones en el modelo operativo”, precisó.
La consejera Carla Humphrey hizo un llamado a la Cámara de Diputados para diseñar un presupuesto suficiente para este proceso electoral “que permita cursar de mejor manera las dinámicas de la planeación, el ejercicio y el control del gasto de la mano de los principios de la austeridad republicana”.
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De parte del instituto, expuso, trabajarán para crear el andamiaje normativo necesario para organizar el proceso, aunque destacó que el Poder Legislativo puede aportar claridad y densidad legal “si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico, consolidado en leyes secundarias indispensables”.
La consejera Rita Bell López reconoció que las implicaciones técnicas y operativas que llevará el poder desahogar este proceso son un reto mayúsculo, ya que este trabajo no puede ser pensado de forma tradicional.
“Para conseguir llevar a buen puerto esta reforma [judicial], pues será necesaria la estrecha colaboración de diversas autoridades, la comunicación constante entre las mismas y depende de compartir también toda esta información valiosa que vaya permitiendo el correcto desahogo de cada etapa de esta elección”, comentó.
