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Organizaciones de la sociedad civil revelaron ayer que las instituciones de seguridad pública del país y las Fuerzas Armadas han estado involucradas en más de 7 mil presuntos actos de tortura entre 2006 y 2017.
En el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México, que se presenta en Ginebra ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, más de 100 ONG señalaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 7 mil 869 quejas de ciudadanos que han sido víctimas de tortura o de familiares de personas que han tenido que enfrentar ese crimen.
Según las asociaciones civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha participado en 59% de los casos de tortura recolectados por la CNDH. Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) se vio inmiscuida en mil 32 casos, y la antigua Procuraduría General de la República, en mil 935.
De igual forma, las ONG detallaron que, entre 2006 y 2017, la CNDH emitió 204 recomendaciones por tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, de las cuales 68.7% fue dirigida a las Fuerzas Armadas.
El Informe Alternativo también recupera datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese estudio se asegura que la dependencia que más actos de tortura comete es la Marina, seguida del Ejército, la Policía Federal, policías estatales, policías ministeriales o judiciales y municipales.
Algunas asociaciones que realizaron el Informe Alternativo son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Equis Justicia para las Mujeres, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Todas coinciden en que los actos de tortura se incrementaron después de que inició la guerra contra el narcotráfico, la estrategia de seguridad que México implementó hace 12 años para terminar con la delincuencia organizada.
“La participación de los militares en tareas policiales durante los últimos 12 años no ha sido eficaz como estrategia de seguridad pública. Al mismo tiempo, la militarización incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura”, comentaron las ONG en su informe.
Emmanuel Santos, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, añadió en entrevista que “la tortura en México es una práctica generalizada y sistemática. Se trata de un crimen arraigado en el proceso de procuración de justicia, especialmente en delitos de alto impacto, como el narcotráfico, secuestro o feminicidio, pero también es un acto que se puede llevar en otros contextos, como el médico, por ejemplo, donde existe la violencia obstétrica”, señaló.
