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Ante la aprehensión del general Cienfuegos realizada por la DEA en Los Ángeles, California, el gobierno mexicano llama por medio del canciller Ebrard, a una “revisión” de los términos de la cooperación en materia de narcotráfico. Si esa revisión es minuciosa y con sentido de Estado, podrá reordenar la relación binacional sobre otras bases.
Las hasta hoy inverosímiles acusaciones contra el secretario de Defensa podrán influir una vez pasadas las elecciones en EU, en esa urgente renegociación de los términos de la cooperación bilateral entre dos países tan asimétricos, pero avecindados para siempre por la geopolítica.
Cualquier revisión tendrá que plantearse como eje el hacer valer la Constitución y el acuerdo de cooperación que en 1992 estableció el intercambio de información con la DEA, pero su completa abstención para realizar directamente acciones operativas supliendo en territorio mexicano a las autoridades nacionales competentes de investigar y perseguir ilícitos.
Fue William Clinton quien prometió en 1992 reformar el tratado de extradición entre México y EU, ya que, producto de una resolución de la Corte de Justicia de EU de ese mismo año, permitía a agentes norteamericanos usar la “mano larga” para realizar aprehensiones en México.
Ese disparate violaba cualquier regla de extradición y cooperación entre los dos países; fue enmendado, pero quedó como tesis que sostuvo la Corte estadunidense y que aún mantiene la visión hegemónica de la relación bilateral con México, que viola y choca de frente con toda noción de soberanía judicial nacional.
Sin embargo habrá que reconocer que la actividad de la DEA en nuestro país ha sido también fructífera, pues nos ha permitido desmantelar cárteles y la corrupción.
El reto de este gobierno es rescatar y hacer valer nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho y que la DEA, cuyas falibilidades y debilidades son historia conocida, se someta al marco jurídico nacional para no operar por encima de las autoridades mexicanas.
El presidente mexicano tendrá una difícil prueba en esta materia, en la que él mismo ha dado bandazos. El actual gobierno enfrenta reclamos diversos, no solo de las fuerzas armadas, sino de la sociedad en general por la falta de un programa claro de prevención y combate al narcotráfico, e incluso por las acciones y omisiones —que en un presidente nunca son simples descuidos— mostrados hacia uno de los líderes del cártel de Sinaloa y su familia.
Si el gobierno revisa la historia de esa compleja relación, encontrará que hay un acuerdo publicado en el DOF el 3 de julio de 1992 que desde hace 28 años pone límites a las acciones de la DEA en México.
Bajo una óptica constitucional de ejercicio del poder nacional y del gobierno, hay una tarea mayor que es pertinente revisar aun en tiempos tan convulsos: la del poder corruptivo y corrosivo del narcotráfico, y su efecto al interior de las fuerzas armadas y la Marina, independientemente del que afecta en las policías como un problema endémico.
Si México y Estados Unidos, con estos o con nuevos gobiernos, encuentran una base de cooperación hemisférica contra el flagelo del narcotráfico bajo una legislación común a la que se adhieran los países del hemisferio, con una visión multilateral sin sometimientos podrán dar la vuelta a las negras páginas de la relación con la DEA. Mientras esto no se logre, esos capítulos seguirán escribiéndose desde allá, quizá mentirosamente, con todas las nefastas consecuencias que ello tenga.
Notario y exprocurador general de la República
