Toluca, Estado de México. – El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial son ilegales, por lo que sus recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, toda vez que los ingresos de los ministros de la Suprema Corte tienen que ajustarse a lo que establece la Constitución.
En la tercera jornada de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, el legislador poblano aseguró que la discusión sobre la elección democrática de jueces, magistrados y ministros ya está superada, pues la inmensa mayoría de quienes han participado en estos foros considera necesario que el pueblo elija en las urnas a los integrantes del Poder Judicial.
“El pueblo de México en plena autonomía tiene esa posibilidad como la tiene de elegir a las otras autoridades integrantes de los otros dos Poderes y eso ya no hay discusión”, puntualizó.
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Dijo que lo que está a debate es “la periodicidad, profundizar en la idoneidad, la elegibilidad de cada uno de los tres Poderes responsables de la postulación, emitan protocolos en sus convocatorias abiertas, que sean democráticas efectivamente, que tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular ambos poderes”.
Ignacio Mier recalcó que la garantía del respeto a los derechos adquiridos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial “para nosotros es irreductible, no está sujeto a discusión y sí a perfeccionamiento”.
En este marco, insistió en que de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, “13 están fuera de ley y vamos a debatirlo, porque tenemos que ajustarnos a lo que establece el 127 constitucional. Tenemos que garantizar que la Ley de Remuneraciones que de alguna manera reglamenta lo que establece el 127, garantice que ningún servidor público, en el ejercicio de su cargo, de su desempeño gane más que el Presidente de la República”.
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Sostuvo que los foros que se llevan a cabo ampliarán el diálogo, la discusión, el debate, el conocimiento y la socialización de “una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial de nuestro país en los últimos 150 años, que tiene como objetivo garantizar a los mexicanos el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita. Ése es el fondo de la reforma”.
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