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El Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal (IFDP), hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que, como institución garante de los derechos humanos y de los principios democráticos de división de poderes e independencia judicial que permiten su vigencia, reconsidere su decisión de no interponer acción de inconstitucionalidad ante la reforma judicial.
A través de un comunicado, expresó que, al tener una función como órgano del Estado encargado de proveer representación legal y defensa pública, la reforma advierte que incorpora aspectos que resultan violatorios de los derechos humanos tales como: la inserción de la figura de los jueces sin rostro o de identidad reservada, ya declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); la limitación de los efectos del juicio de amparo tanto en la suspensión como en el fondo, cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas generales; así como aquellas que afectan la independencia judicial y, por tanto, el derecho a la tutela efectiva de las personas.
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“Lo anterior, tomando en cuenta criterios orientadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dan cuenta de la posibilidad de que el razonamiento sostenido por dicho tribunal no es inamovible, respecto de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad frente a reformas constitucionales y la legitimación de los organismos protectores de derechos humanos para interponerlas”, expresó la Defensoría.
Agregó que la Corte IDH sostiene que es obligación de todos los órganos del Estado mexicano adoptar las medidas de protección de los derechos humanos, bajo el principio de máxima tutela, y tratándose de la protección de derechos fundamentales, hay límites para la democracia, ya que los Estados deben controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados, pues un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece su eficacia.
“Para este Instituto, el acceso a la justicia de las personas es un derecho llave para el disfrute de otros derechos, por lo que su garantía es indispensable en un régimen democrático, además de tener una función clave en la construcción de paz”, indicó.
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