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En los últimos 12 años, el gobierno federal ha identificado a 406 mil 104 agresores de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país. Las cifras, recopiladas a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), demuestran cómo las agresiones contra este sector de la población se han convertido en un problema estructural.
Los ataques pueden presentarse de distintas maneras y los cometen menores de edad, adultos, personas que carecen de cualquier estudio hasta universitarios. Las agresiones pueden provenir de los círculos más cercanos o de la comunidad.
Los casos de violencia se cuentan por miles y expertas consultadas temen que los datos del Banavim, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se queden cortos.
En respuesta a una solicitud de información, el organismo dio a conocer algunos de los epicentros de la violencia: en Jalisco se han detectado 44 mil 206 victimarios; Michoacán, 24 mil 439; Chiapas, 21 mil 629; San Luis Potosí, 20 mil 385; Estado de México, 19 mil 497; Nuevo León, 19 mil 172; Zacatecas, 17 mil 98; Aguascalientes, 17 mil 53, y Quintana Roo, 16 mil 428.
Esta información es procesada por las autoridades encargadas de la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Natalia Calero, especialista en gestión de programas de ONU Mujeres en México, advirtió que “la violencia es un continuum, las mujeres la sufren tanto en el ámbito público como en el privado y en todas las esferas de su vida. El origen de esta violencia es la discriminación y la desigualdad de género”.
Frente a este panorama, la experta urgió a las autoridades mexicanas a proteger los sectores más vulnerables, como las mujeres indígenas, jóvenes, discapacitadas o de la comunidad LGBTTTI.
Agresores en casa
El Banavim detectó que 91% de los agresores atacan a sus víctimas en el ámbito familiar. De los 406 mil 104 registrados por el organismo, 372 mil 687 cometieron sus ataques en ese espacio.
Esta cifra supera por mucho a los 20 mil 269 incidentes que se dieron en la comunidad, mientras que en el ámbito laboral y docente ocurrieron 4 mil 480 altercados, y en el institucional fueron 2 mil 466. En el resto de las situaciones no se logró identificar la modalidad de la agresión.
En cuanto al tipo de agresión, las autoridades han detectado 285 mil 125 casos de violencia sicológica; 173 mil 776, física; 103 mil 170, económica; 37 mil 83, sexual; 36 mil 508, patrimonial. Hubo 10 mil 73 actos que no se clasificaron.
El número de agresiones es superior al de agresores porque una persona puede cometer más de un agravio a la vez.
Pese a estas cifras, especialistas mostraron su preocupación porque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 recortó recursos a programas de prevención en la materia.
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Cecilia Toledo, investigadora del Programa de Género, Derechos y Políticas Públicas de Fundar, criticó que el proyecto para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres tendrá menos recursos el siguiente año, pues para lo único que habrá más dinero será para la construcción y equipamiento de los centros de justicia para la población femenina.
“Sabemos que los centros de justicia fueron desde el sexenio anterior el programa estrella. En esa acción observamos un incremento de 46% en su presupuesto, pero en las acciones de coadyuvancia para las alertas de género hay una disminución de 78%.
“Se está apostando por la construcción de los centros de justicia que sí son necesarios, pero no atienden el carácter estructural del problema”, comentó.
Por su parte, Cecile Lachenal, coordinadora del mismo programa de género, aseguró que las autoridades tienen una deuda con la producción de información sobre agresores y su relación con las víctimas.
“Si queremos diseñar políticas públicas con un efecto real, es importante saber la relación. Si estamos frente a violencia familiar, las políticas públicas serían de prevención y desarrollando órdenes de protección.
“Si estamos frente a feminicidios, eso tiene que ver con políticas de seguridad”, afirmó la especialista.
No hay un perfil del agresor
El Banavim también tiene información referente al grado académico de algunos agresores de mujeres.
Según los documentos, 66 mil 140 victimarios estudiaron hasta la secundaria; 38 mil 666, la primaria; 32 mil 229, el bachillerato; 19 mil 20, la licenciatura; 4 mil 335, el kínder; mil 24 tienen un posgrado; 333, estudios que no requieren validez oficial; 9 mil 431 no tienen ningún tipo de estudio, y el resto se desconoce su grado académico.
Aunque se tienen estos datos, Julia Escalante, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, advirtió que no hay un perfil único de agresores.
“No hay un perfil del agresor, la violencia misógina tiene que ver con varios factores que incluyen el acceso a la educación, la historia de vida de cada persona y muchas más cosas. La misoginia está tan enraizada en nuestra sociedad, que no distingue clase, edad ni niveles académicos.
