Por: Jimena Moreno
La identificación digital es el conjunto de procesos a través del uso de tecnología que permite verificar la identidad de una persona en línea. Se considera como una revolución para la economía digital ya que organizaciones, gobiernos y empresas se han ido adaptando para incorporarla a sus procesos haciéndose más competitivos ya que reducen costos, cargas administrativas y permite a los usuarios realizar trámites desde cualquier lugar y en cualquier momento. Debido a que permite la autenticación y la verificación de la identidad, ayuda a prevenir fraudes y mitiga el robo de identidad.
Según cifras del Banco de México (2018), México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en fraudes por robo de identidad, contar con una identidad digital confiable se hace imprescindible. Además, es una herramienta que ayuda la promover la inclusión financiera ya que permite que la ciudadanía pueda abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, realizar operaciones, sin la necesidad de tener que ir a una sucursal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2021) la población sin crédito aumentó 18% pasando de 33’970,576 personas en 2018 a 40’043,648 en 2021. Asimismo, de conformidad con el estudio: “Desigualdad de género en el acceso al ahorro en México, publicado por México Exponencial: “En México, la población sin ahorro aumentó 31%, un total de 7.8 millones de personas, entre 2018 y 2021. De este incremento, la mayoría, 4.4 millones, son mujeres. La brecha es mayor en el mercado formal; mientras que la participación de los hombres en este mercado creció́ 70%, la participación de las mujeres aumentó solo 15%” (Carreón et al, 2022).
El uso de la tecnología en la economía digital y en el acceso a servicios básicos de la población como la telemedicina y la educación en línea debe ser un instrumento para fomentar la inclusión y reducir las desigualdades. El artículo 6 constitucional garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluido el de banda ancha e internet. En este sentido, en un estudio publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre el análisis de las iniciativas públicas y privadas para proveer servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y/o marginadas, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, que cataloga a las localidades rurales, aquellas con menos de 2,500 habitantes se encontró que, “14 de cada 100 hogares disponen de internet, mientras en las localidades con mayor número de habitantes, en promedio, 38 de cada 100 hogares disponen de internet. Por su parte, 8 de cada 100 hogares ubicados en localidades con un índice de marginación alto y muy alto tienen internet, en tanto 18 de cada 100 hogares ubicados en localidades con marginación media, baja y muy baja, en promedio, tienen internet.”
Con esta información, es urgente el llamado para que el gobierno tenga como prioridad invertir en infraestructura para proveer de servicios de internet a las poblaciones menos favorecidas y desarrollar políticas públicas con enfoque de género en el que se incluya a las mujeres de manera específica para que tengan mayor participación en el mercado de servicios financieros, en la economía digital y en el acceso a servicios básicos.
El uso de esta tecnología debe tener medidas de seguridad sólidas que garanticen la protección de datos personales de la población (artículo 16 constitucional). Incluir y proteger cuesta, si no se destinan recursos suficientes para generar igualdad de oportunidades entre la población, una gran parte de ésta quedará fuera de la economía digital, se seguirá ampliando la brecha digital lo que generará aun mayores desigualdades.
Investigadora del CIDE.
@jimenajmx
