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El presidente López Obrador ataca con frecuencia a organizaciones que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la transparencia gubernamental, a menudo señalando públicamente a personas y organizaciones específicas durante sus conferencias de prensa matutinas, acusándolas de formar parte de un complot opositor para derrocar su gobierno, señalaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional .
Ambos organismos se pronunciaron en contra de una iniciativa que hace un par de semanas presentó la diputada morenista, Reyna Celeste Ascencio, para evita que organizaciones civiles reciban donativos del extranjero, puedan realizar actividades de cabildeo y de litigio estratégico.
“De ser aprobada, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de México impondría graves limitaciones al trabajo de organizaciones de la sociedad civil y violaría las obligaciones de México conforme al derecho internacional, señalaron hoy. Los diputados deberían archivar el proyecto”, señalaron.
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Señalaron que la propuesta prohibiría que organizaciones sin fines de lucro intenten influir sobre o modificar legislación, ya sea mediante cabildeo o litigio estratégico, si reciben financiamiento directa o indirectamente de gobiernos o corporaciones extranjeras. El gobierno mexicano podría revocar el reconocimiento como organizaciones sin fines de lucro a aquellas que violaran dicha prohibición.
“En la práctica, esta propuesta podría impedir que defensores de derechos humanos en México participen en debates sobre políticas públicas, impugnen leyes abusivas ante los tribunales o presenten información a diputados sobre cómo mejorar las protecciones de derechos humanos”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Y agregó: “Este es el tipo de maniobra que ya hemos observado por líderes autocráticos en distintos países, que van desde Rusia hasta Nicaragua o El Salvador, para expandir las facultades del ejecutivo a expensas de libertades fundamentales”.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos que denuncian leyes y prácticas gubernamentales injustas, que desafían a los que están en el poder y que exigen justicia son, cada vez más, objeto de ataques en toda la región.
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“Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos en México, presionando al Congreso para que se produzcan cambios legislativos e impugnando las leyes abusivas en los tribunales. El proyecto de ley propuesto refleja una preocupante tendencia política en la que las narrativas tóxicas demonizan a las ONGs con la intención de silenciar los puntos de vista críticos e inhibir la capacidad de las personas defensoras de derechos humanos para escrudiñar a las instituciones del Estado”.
Expuso que también ha invocado el principio de “no intervención” para decir que donantes internacionales y organismos de cooperación internacional deberían dejar de financiara organizaciones de la sociedad civil mexicanas.
“Organizaciones de la sociedad civil mexicana se han manifestado públicamente contra proyectos y propuestas promovidas por el presidente López Obrador y su partido que resultan preocupantes desde una perspectiva de derechos humanos. Estos incluyen una ley que legalizaría las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, así como el Tren Maya, un proyecto ferroviario que, según sus detractores, afectaría el medioambiente y las comunidades indígenas. En algunos casos, los grupos han iniciado acciones legales para detener o demorar estas iniciativas”, señalaron.
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