En un país donde se reporta un promedio de 24 personas desaparecidas por día, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que termina el próximo lunes no cumplió con las expectativas de frenar esta crisis que ha sido una de las demandas más sentidas de la sociedad, que más familias enlutadas y fragmentadas ha ocasionado y que parece no tener fin, a decir de madres buscadoras y expertos.
Aunque al inicio hubo discursos que hablaban de voluntad política para conocer el número real de personas no localizadas en México, el 1 de octubre cierran seis años de mandato sin datos oficiales contundentes sobre este fenómeno ligado a la delincuencia organizada, con el desmantelamiento de comisiones de búsqueda, sin recursos, entre violencia, con diálogo roto con los familiares de las víctimas, impunidad y simulación.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), en la administración que termina, desde el 1 de enero de 2019 hasta ayer hubo 51 mil 703 personas desaparecidas y no localizadas en México que desaparecieron en los casi 2 mil días del sexenio; es decir, 24 personas por día, o una cada hora.
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Sin embargo, colectivos de rastreadoras y el informe A quienes nos faltan: datos para encontrarles, de la organización no gubernamental Data Cívica, apuntan que el número de personas desaparecidas podría multiplicarse al doble debido a la cifra negra por la falta de precisión de fiscalías, de familias que tienen miedo de denunciar y del borrado de personas del Rnpdno por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Quinto Elemento Lab, organización periodística independiente, informó que hasta octubre de 2023, en México existían 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país y que, en este último sexenio, se disparó la localización de las mismas, desde 2020.
La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas indica que los tres estados con más entierros ocultos hallados desde 2006 hasta junio de 2023, según fiscalías locales, son Sonora, con 750; Veracruz, con 548 y Tamaulipas, con 475 que en conjunto concentran 39% del total.
En tanto, de acuerdo con los datos de la plataforma las fosas clandestinas se ubican así: Guerrero, con 388; Veracruz, 360 y Sonora, con 221, que corresponden a 37% del total.
La Plataforma Ciudadana muestra que, también con información de fiscalías locales, los estados con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas son Jalisco, con mil 269; Sonora, con 655 y Veracruz, con 546 que juntos concentran 40% del total.
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Asimismo, la falta de ejecución de presupuesto y el poco personal, que además no contaba con experiencia en la materia, complicó el trabajo de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) pues desde 2019, 20 de las 32 coordinaciones estatales devolvieron entre 50% y 100% del presupuesto asignado que no se utilizó, y una de cada tres operó con menos de 10 personas, donde tampoco se adquirieron los recursos técnicos suficientes para la ejecución de su labor.
El saldo trágico fue de 16 rastreadores asesinados, 13 son madres buscadoras, víctimas de homicidio desde 2020 hasta este año por buscar a sus familiares desaparecidos. De forma paralela, se incrementó la violencia hacia las personas que se dedican a esta labor quienes incluso han pedido apoyo al crimen organizado para localizar a sus familiares, acción que ha puesto sus vidas en riesgo.
“Este es el sexenio en el que más personas han desaparecido. Más que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico y todavía más que en el de Enrique Peña Nieto, cuando hubo niveles elevados de violencia, el hecho de que la crisis se le haya salido de las manos al presidente actual lo molestó y ahora se esfuerza por negarlo y hasta manipula el registro desde la Segob. Se le falló a la gente porque hay deficiencia en muchos aspectos”, dijo Elena Azaola, doctora en Antropología, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Para la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la crisis de desapariciones es una herida abierta de México que se profundizó en este sexenio pues, además de la falta de inversión y voluntad, existe un desprecio por las víctimas y sus familiares cuyos gritos de auxilio no son escuchados por el gobierno federal.
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La experta en antropología social subrayó que el propio Poder Ejecutivo destruyó las capacidades que se habían construido en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con la salida de Carla Quintana como titular del organismo y la posterior desarticulación del sistema que creó justo cuando empezaba a trazar una ruta y construir los cimientos para reforzar la lucha.
Elena Azaola apuntó que elegir a una nueva comisionada nacional de Búsqueda sin experiencia e iniciar desde cero con la labor de las comisiones locales, que más o menos estaban constituidas, fue un gran golpe a los logros que se habían obtenido en la materia. Además de ocultar el balance real de la cifra de desaparecidos que la extitular del organismo de localización trató de presentar para partir desde cero en el reconocimiento del problema.
“En los hechos, esto [la salida de Carla Quintana] hizo que la Comisión Nacional, en particular, y todo el sistema, tuviera muy pocos resultados y avances en lo que se había logrado, a pesar de eso, hubo algunos logros importantes, un trabajo de acompañamiento importante a las madres buscadoras, y bueno, sobre todo la parte forense con la creación o este intento de creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que luego se vino abajo. Me parece que si ya de por sí no tenía las funciones que hubiésemos querido [la CNB], el hecho de desmantelar estos esfuerzos fueron una señal más de esta falta de voluntad. Es muy desafortunado, y nosotros esperamos que con el nuevo gobierno eso se replantee y se fortalezca”.
Desde la perspectiva de Michael W. Chamberlain, exmiembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el punto de quiebre entre el gobierno y la causa se dio cuando empezaron los señalamientos de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, pues, probablemente, ejercieron una presión sobre el Poder Ejecutivo que derivó en la salida de personas con voluntad de avanzar en el tema, como Carla Quintana de la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda y de Alejandro Encinas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
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El especialista en desapariciones forzadas planteó que para la siguiente administración es prioritario dirigir la atención a prevenir, detener la violencia que origina estas desapariciones, retomar estrategias para resolver la crisis de identificación forense para devolver cuerpos a sus familiares y reparar parte de la deuda, y rendir cuentas de verdad y justicia. “Es lo mínimo que se puede hacer por las familias y las víctimas”, apuntó.
“Son tres cosas prioritarias: primero, atender las causas para prevenir futuras desapariciones, porque cada nueva desaparición reduce la posibilidad para la búsqueda de la desaparición de ayer y la atención debe estar dirigida hacia prevenir que no haya más desapariciones. Dicho sea de paso, es una de las principales recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para las desapariciones, crear un Plan Nacional de Prevención.
“El segundo tema que creo que es importante y que está en la mano del Ejecutivo directamente es resolver la crisis de identificación forense, porque identificando los cuerpos que están acumulados en los Semefos y así se van a poder resolver muchos casos, devolver muchos cuerpos a sus familias, reparar en ese sentido esta parte de la deuda y eso está muy de la mano de lo que pueda hacer de manera inmediata. (...) Hay que poner el acento sobre la importancia de atajar los fenómenos criminales que están detrás de la desaparición. Las desapariciones no son más que un signo de un fenómeno que está detrás”.
Los tres expertos consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que el próximo sexenio tiene como asignatura pendiente enmendar el abandono institucional en que se tiene a las familias que son víctimas del delito de desaparición forzada y, sobretodo, implementar una estrategia de seguridad que garantice que disminuyan los índices de criminalidad pues son el origen de las desapariciones.
“Si observamos a los casos más emblemáticos de violencia que hubo en estos años, nos podemos dar cuenta de que involucran a la desaparición forzada. Las familias, valientemente, buscaron la forma de llenar un vacío que las autoridades no pudieron y es momento de que el gobierno se comprometa en hechos y no solo en palabras a invertir presupuesto en la causa, equipar las comisiones, dejar de lado los pactos políticos y atender porque el problema podría normalizarse e incrementar”, advirtió David Saucedo, especialista en seguridad y violencia.
“La razón principal por la que se detonó el problema fue el inicio de las guerras entre cárteles. Si bien esto inició con Felipe Calderón y se profundizó con Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó el problema para disimular que la estrategia de seguridad es fallida, pero la nueva mandataria tiene la oportunidad de dar presupuesto e instrumentos a las comisiones y solicitar asistencia internacional, porque México no tiene las capacidades para resolver una crisis de esta magnitud”, consideró.