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Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que por lo menos 15 presidentes municipales han sido amenazados por grupos dedicados al robo de combustible para que los dejen “trabajar” , por lo que solicitó mayor apoyo del gobierno federal hacia los estados que tienen presencia de huachicoleros.
En entrevista con medios antes del inicio del Décimo Séptimo Pleno Extraordinario del Noveno Consejo Nacional del PRD, Ávila Romero afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha olvidado que parte de la estrategia de prevención contra el huachicoleo tiene que ver con una coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
“La amenaza [a presidentes municipales] es que no se metan, que los dejen trabajar. Se nos hace sumamente grave, ojalá haya respuesta y haya mejor coordinación en la campaña del huachicoleo del gobierno del Ejecutivo con los gobiernos municipales y de los estados”, afirmó.
Agregó: “El gobierno federal se ha olvidado de que buena parte de la estrategia de prevención en contra del huachicoleo tiene que ver con una coordinación estatal y municipal y con una protección de alcaldes municipales que han sido amenazados por los cárteles del huachicol”.
Indicó que si el Jefe del Ejecutivo federal no contempla un acercamiento con los presidentes municipales “va a ser una estrategia que va a fracasar”.
Detalló que entre los 15 presidentes amenazados se encuentra Pedro Porras, edil de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, “y otros alcaldes que se han acercado a las autoridades, principalmente estatales, pero que no ven una respuesta clara; qué bueno que el Ejército esté patrullando los ductos, pero no les alcanza”.
Manifestó que, hace unas semanas, cuando hubo escasez de gasolina en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pudo tener una reunión con Octavio Romero, director general de Pemex, pero no sucedió así con gobernadores de los estados.
“En el caso de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro siguen estando en crisis. No quisiera ver una estrategia política en contra de nuestros gobiernos, pero lo que sí veo es un trato desigual, en el que los gobiernos de Morena sí tienen acceso directo a los miembros del gabinete federal, y en cambio, los gobiernos estatales batallan un poco más para poder tener una relación de trabajo institucional con el gobierno federal”, agregó.
En el cónclave perredista celebrado en la Ciudad de México se aprobó la reforma a 14 reglamentos y manuales de procedimiento. También se designó a los tres integrantes del Órgano de Justicia. En la presidencia quedó María Luz Hernández Quezada.