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Mientras Sara veía la noticia del feminicidio de Ingrid Escamilla , su pareja le mostró las fotografías de la mujer desollada: “Se ve padre, ¿no?”, le dijo. Sus compañeros de trabajo, preocupados por la vida de Sara y con la intención de que “se diera cuenta”, le enviaron el video en el que el presunto asesino y esposo de Ingrid confiesa el crimen.
En menos de seis meses Sara sufrió dos intentos de feminicidio por parte de su pareja, Marco. Las fotografías y videos de Ingrid no concientizaron a la mujer de 33 años, al contrario, la aterrorizaron más, pues se dio cuenta que su pareja y el hombre que apa- rece en los videos compartían una tranquilidad inexplicable.
Los nombres reales de Sara y Marco se omitieron por razones de seguridad de la víctima y para respetar la presunción de inocencia del caso abierto en tribunales de la Ciudad de México.
Sara vivía bajo terror y amenazas de Marco. Gradualmente le quitó su carro, su identidad digital , las llaves de su casa, se apropió de su dinero y sus cuentas bancarias, le negaba la comida, la aisló de su familia y amistades, espiaba cada paso que daba, le hizo creer que estaba sola en el mundo, que era tonta y una serie de insultos clasistas.
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Sicológicamente estaba desarmada para dejar esa relación. Físicamente vivía aislada con él en una casa que da hacia una presa en el poniente de la ciudad. Además, Marco utilizaba a su familia y a su hija, una niña de 14 años, como espías para vigilarla.
Aunque ambos trabajan en una firma de contadores, conforme avanzó la relación ella se dio cuenta que el sujeto, de 32 años, presuntamente se dedicaba a hacer fraudes bancarios , ella cuenta que en una ocasión fue detenido por tener un auto robado, pero fue liberado en menos de un día por sus contactos con autoridades locales. En presencia de su terapeuta y abogado, Sara narró lo vivido con Marco.
En febrero de este año, la mujer, su pareja y la familia de él rentaron una casa de descanso en Morelos a un fa- miliar del sujeto. Lo que debía ser un fin de semana relajado marcó la vida de Sara para siempre.
La primera noche salieron a tomar a un bar. Ahí, Marco la presionó para que bebiera un vaso de whisky. De camino a la casa se detuvieron a comprar agua en una tienda, del carro se bajó Sara con la hija de Marco y en la fila unos hombres le dijeron: Buenas noches. De vuelta en el auto, la menor inventó que Sara había intercambiado tarjetas con varios hombres como coqueteo, y eso desató la furia del sujeto.
El siguiente escenario de Sara es despierta tirada en el suelo de la cocina, sin varios dientes, con la quijada deshecha, golpeada y en un charco de sangre. La versión que su suegra comenzó a sembrarle en la mente era que se había “caído de las escaleras”. La llevaron a una clínica donde sólo le cosieron la herida exterior de la mandíbula. Cuando le preguntaron qué le había sucedido, no supo qué responder, el hermano de Marco contestó que se “había caído”.
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Sara pidió un examen toxicológico para saber qué era lo que en realidad había bebido, pero el hermano de Marco se hizo pasar por su esposo y negó la autorización para los estudios. Al salir de la clínica, la mujer sentía el peor dolor de su vida; describió que tenía la mandíbula como un libro abierto, su suegra, la niña y otra mujer no la dejaban verse al espejo, pero sí añadían detalles a la versión de la caída de las escaleras.
Cuando vieron que la mujer no pa- raba de dolerse, se regresaron a la Ciudad de México, intentaron tranquilizarla con un baño, pero no pa- raba de vomitar y desmayarse. Acabó atendida en un hospital privado de la capital del país por fractura y contusiones. El médico le dijo a los familiares que pudo haber muerto, de una infección, por haberla mantenido tantas horas sin atención.
Ausente perspectiva de género
De no haber registrado el primer ata- que físico como una caída de las esca- leras el caso de Sara habría sido parte del numeral 5.10 de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM), que solicita a las instituciones de salud públicas o privadas avisar al Ministerio Público de personas que lleguen lesionadas por violencia familiar o sexual e iniciar una averiguación. EL UNIVERSAL solicitó la postura de Karla Berdichevksy, di- rectora del Centro Nacional de Equi- dad de Género y Salud Reproductiva, pero no se obtuvo una respuesta.
El cumplimiento de la NOM, a su vez, es parte de la Alerta de Violencia de Género, firmada en noviembre de 2019 por Claudia Sheinbaum Pardo , jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Para Marcela Lagarde , antropóloga y quien acuñó el término de feminicidio en la legislación mexicana en 2007, la clave para que los protocolos funcionen está en la formación del personal médico e institucional en contacto con víctimas mujeres y niñas.
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“No se trata de que tengan una leve capacitación, sino que tengan una pro- funda formación profesional con perspectiva de género. Si no es así, pasa lo que está pasando, la gente además es misógina, tiene una estructura de personalidad machista, entonces si todo eso está activo con las mujeres que lle- gan y solicitan apoyo, no son atendidas conforme a sus necesidades, son revic- timizadas”, dijo la investigadora.
Para Emanuela Borzacchiello, integrante del Comité de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, otro de los problemas es la ausencia de un medidor de riesgo de las mujeres que ingresan al hospital con lesiones.
“El problema es que ni [la unidad] de Servicios Especializados para la Atención de la Violencia de Género (SEPA- VIGE), ni la Secretaría de Salud, ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía tienen una tabla de medición. Es medido a discrecionalidad del operador sanita- rio o del Ministerio Público es posible que falle y sólo si tú mides bien el nivel de riesgo puede emitir una medida de pr o tección, tan importante a partir del caso de Abril”, explicó la experta en referencia a los protocolos fallidos que no garantizaron la vida de Abril Pérez Sagaón, una mujer que denunció a su ex- marido por intento de feminicidio y fue asesinada a finales del año pasado.
En 2019 y lo que va de 2020, a nivel nacional nueve de cada 10 personas que acudieron a un hospital por lesiones provocadas por violencia familiar fueron mujeres. En 2019, fueron 78 mil 367 y en 2020 van 18 mil 546 hasta el corte del 13 junio, según datos del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.
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El día que Sara “se cayó de las escaleras”, su familia comenzó a monitorearla y a crear una red de apoyo para que lograra salir de esa relación.
“Él y su familia siempre me dijeron que me caí de las escaleras por borracha, que quise escapar con un hombre o que un fantasma me había empuja- do” dijo.
El segundo intento de su pareja por asesinarla ocurrió el 22 de marzo pasado, ya en plena pandemia . Estaban con la limpieza de la casa cuando comenzó la violencia. Cuando sus familiares recibieron una llamada de alerta, acudieron al domicilio, al que también llegó la familia de él. Se desató una pelea campal y Marco aprovechó para llevarse a Sara a un pasillo cercano a la cocina y asfixiarla. Los vecinos le llamaron a la Policía, la sirena de una patrulla asustó a Marco y soltó a Sara. Desde ese día, el sujeto lleva un proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa desde el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y está en espera de sentencia.
A raíz de amenazas por internet, Sara solicitó que el caso sea atraído por la Agencia Especializada en Feminicidios, pues la Fiscalía, dijo, “ha sido omisa en remitirme con personal especializados”.
“El caso de Abril me dio un poco de miedo escucharlo tantas veces, porque a ella la mataron ya que había denunciado y se había tipificado como feminicidio en grado de tentativa y al disminuirlo a violencia él salió y la mató”, expresó la mujer, quien cuenta con protección policial sólo en la capital del país, aunque su domicilio no está en la Ciudad de México.
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De 2012 a junio de 2019 se abrieron tan solo tres carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa en la capital, según transparencia. En 2020 hay cinco por tentativa de feminicidio y seis por tentativa de homicidio contra una mujer, según la Fiscalía General de Justicia de la ciudad.
“El subregistro implica la negación rotunda de aceptar la perspectiva de género en la tipificación del delito del que fue víctima cada mujer o niña, es rarísimo en el país, hay ministerios públicos, jueces, personal institucional que no acepta el tema del feminicidio”, explicó en entrevista.
Lagarde sugiere que un paso para que se ejerzan los protocolos conforme a lo estipulado es que la sociedad y el gobierno se comprometan a aplicar las políticas con perspectiva de género, empezando, dijo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En la mañanera, millones de persona lo escuchan balbucear con una gran ignorancia, una pésima atención al tema, cero escucha a sus asesoras a las directivas de instituciones gubernamentales que hemos creado con mucho trabajo y esfuerzo. Es grave en un país como México, con un enorme problema de violencia contra mujeres y niñas, entre otras violencias, que el Presidente no responda al enorme esfuerzo social que supone debería respetar en la transformación a través de la perspectiva de género.
