Entre 50% y 80% de las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes no asiste a la escuela. Sin embargo, desde 2020 no se cuenta con un programa presupuestario para otorgar atención educativa a esta población, señala la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
De acuerdo con la institución, la población jornalera agrícola se caracteriza por presentar altos índices de analfabetismo y bajos niveles educativos. Se estima que el promedio de educación formal de la población agrícola migrante es de 5.2 años, y entre los jornaleros hablantes de una lengua indígena este promedio desciende a cuatro años.
El informe Atención educativa a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes destaca que en 2013, el presupuesto asignado para la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes era de mil 355 millones 261 mil 231 pesos, que fue pasando a 561 millones 640 mil 84 pesos; 572 millones 376 mil 621; 596 millones 583 mil 629; 333 millones 259 mil 332; 349 millones 218 mil 395 y 251 millones 500 mil 205 pesos en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente, hasta que finalmente esos recursos fueron cancelados hace cuatro años.
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En 2020, último año con un programa presupuestario para dar atención educativa a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes, el presupuesto fue de 693 mil 636 pesos.
El reporte de Mejoredu resalta que en 2019 fue creado el Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), cuyo ejercicio fiscal correspondió a 2020 y su cobertura fue nacional.
Tuvo como objetivo favorecer el acceso de la población migrante a la educación básica en los centros de educación migrante, y su población objetivo eran los centros de educación que atiendan población escolar migrante priorizando los que se encuentran ubicados en localidades de alta y muy alta marginación, según el Consejo Nacional de Población.
Sin embargo, este programa operó sólo durante un año, pues para el ejercicio fiscal 2021 no se emitieron reglas de operación y, aunque en 2023 todavía formaba parte de la estructura programática de la administración pública federal, desde 2021 no tuvo asignados recursos para operar.
Al cierre de 2021 se proporcionaron 37 mil 405 servicios a 29 mil 903 alumnos de 17 estados en 752 escuelas atendidas por mil 504 docentes. Pero en los últimos años, la matrícula de estos planteles ha caído drásticamente: al cierre de 2015 atendía a 38 mil 451 alumnos en 24 entidades.
El reporte resalta que las escuelas donde acuden las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes se encuentran en precarias condiciones, lo que influye en su aprendizaje.
Algunas de las carencias, agrega, son la ausencia de luz eléctrica, falta de agua en sanitarios y para limpiar los espacios, aulas pequeñas, material inmobiliario y didáctico insuficiente, sanitarios en malas condiciones, falta de comedores, entre otros.
Especialista en temas educativos, Armando Ruiz dice a EL UNIVERSAL que el Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas surgió en los años 80 y ningún gobierno se había atrevido a desaparecer los recursos de esa estrategia, hasta ahora, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La eliminación de ese programa se hizo sin una evaluación del impacto. Hay que recordar que las escuelas que atienden la población migrante agrícola en México se ubican en campos agrícolas de muchos estados del país, fundamentalmente en la zona noroeste del país”, señala.
A juicio de Armando Ruiz, el programa que daba atención a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes fue eliminado por razones presupuestales sin que existiera ninguna justificación.
“Lo que esperaría por lo menos es que la próxima administración de Claudia Sheinbaum los implemente de nuevo y los ponga en el centro de su política educativa, porque me parece que es un tema muy simbólico y va contra el discurso de la llamada cuarta transformación, de primero los pobres. Esos estudiantes son los más pobres del sistema educativo y al haberlos invisibilizado los ha puesto en riesgo”, considera.
Asegura que recuperar esa estrategia es posible, al argumentar que de 2023 a 2024 los recursos que recibe el programa La Escuela es Nuestra se incrementaron en más de mil millones de pesos, cinco veces más de lo que se destinaba al programa para niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes.
“Me parece que presupuestalmente es posible nuevamente recuperar este programa y seguir dándole esta importancia a este grupo de mexicanos que es tan importante rescatar”, precisa el especialista.
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“México sigue siendo racista”
Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, comenta que la población jornalera agrícola migrante, que en su mayoría perciben menos de un salario mínimo al mes, son de pueblos originarios.
“Al ser un pueblo originario, viven la discriminación estructural en nuestro país. En muchas formas hemos explicado que nuestro país sigue siendo profundamente racista. Y esta discriminación estructural se traduce en que precisamente en los estados donde hay un predominio de población indígena, la pobreza y todas las carencias y violaciones a derechos humanos están institucionalizadas”, explica.
Menciona que aunque discursivamente se habla del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación, la evidencia muestra que los más excluidos y los más pobres están quedando fuera.
