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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió a la Secretaría de la Función Púbica que también sancione al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo por el caso que involucra la inhabilitación de la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez ; hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
En un comunicado, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, recordó que este lunes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó y multó a la empresa Cyber Robotics Solutions, por la venta a sobreprecio de ventiladores a la delegación del IMSS, en Hidalgo; que serían utilizados para pacientes graves de Covid-19.
De acuerdo con la SFP, el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado.
La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Y se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado.
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En relación a este caso, Juárez Piña recordó que el 6 de mayo presentó una denuncia ante la SFP en contra de León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto; “por utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias”
“Saludamos la acción de la SFP pero, a la vez, demandamos que dicha Secretaria publique las resoluciones íntegras del caso, que a la fecha son la SAN/030/2020 y la SAN/032/2020”, apuntó la Diputada Federal por Jalisco.
De igual manera, dijo, “como ya se demostró la acción infractora de la empresa abusiva, también se debe sancionar a la contraparte oficial de tal conducta, la que también fue denunciada y que es el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, por ser la parte contratante.
“Esperamos además que se presenten las denuncias correspondientes ante la FGR, específicamente ante la Fiscalía Anticorrupción, para que se deslinden, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes”, añadió.
Recordó, que “como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública está obligada a transmitir la información correspondiente a las demás instancias para que éstas actúen conforme a sus atribuciones. No hacerlo sería encubrir los posibles actos delictivos cometidos en estas adquisiciones”.
kl
