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Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, utilizó una chicanada legal al nombrar “instalación estratégica” el aeropuerto de Santa Lucía para que el juez variara su decisión y revocara la suspensión que se había otorgado para frenar la obra.
“Hay una chicanada legal clara que tiene que ver con esta categorización que se hizo de la instalación de Santa Lucía como una instalación estratégica, es evidente. No es una suposición, fue precisamente esto, y también las declaraciones que se dieron reiteradamente por el titular del Ejecutivo fueron las que en buena medida determinaron la variación del criterio del juez de Distrito, eso es una realidad”, dijo el líder empresarial.
En entrevista después de reunirse con los diputados del PRI, PRD y MC por la próxima aprobación de la Ley de Ingresos, Gustavo de Hoyos pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la instancia que resuelva en definitiva si se construye o no el aeropuerto de Santa Lucía, pues confían en el Máximo Tribunal del país.
“Somos siempre respetuosos de las instituciones y particularmente del Poder Judicial de la Federación, que ha demostrado al paso de los años que las decisiones complejas las sabe abordar, precisamente en un análisis a fondo de las disposiciones jurídicas y no precisamente criterios políticos, así es que siendo respetuosos del marco legal hay que confiar en que la SCJN, primero decida atraerlo y luego determine a derecho lo que ha de proceder en este caso”, dijo De Hoyos.
El líder empresarial alertó que el gobierno federal pudiera utilizar la figura de declarar “instalaciones estratégicas” muchos de sus proyectos para que tengan viabilidad a pesar de los amparos presentados por la sociedad.
“Aquí, aunque el tema del aeropuerto es fundamental para el desarrollo del país, lo más relevante de todo son los criterios que se están estableciendo respecto del Estado de derecho en su conjunto. Si nombras seguridad nacional se pueden echar abajo las suspensiones en juicios de amparo y este instrumento que vemos, con todos los ciudadanos; incluso, en las épocas más complejas del país puede tener un gravísimo deterioro”, describió.
Cabe recordar que en uno de los 150 amparos promovidos contra el aeropuerto de Santa Lucía la Sedena informó que todos sus bienes, incluido el proyecto de dicha obra, fueron incluidos en el catálogo de instalaciones estratégicas, razón por la que argumentó que las suspensiones concedidas en amparo contravienen la seguridad nacional.
Aunque el juez dio la razón a la Sedena en un amparo y revocó la suspensión, prevalecen otras seis, de las cuales cinco fueron enviadas a la Suprema Corte para que defina si ejercerá su facultad de atracción y en la sexta está pendiente la resolución de un incidente de revocación en que el gobierno reiteró el alegato de instalaciones estratégicas.
Facturas. Gustavo de Hoyos Walther llamó a los diputados a que hagan un “ajuste racional” a la minuta para tipificar la evasión de impuestos y la facturación falsa como delincuencia organizada, sin que se criminalice a los buenos contribuyentes.
Aseguró que la Coparmex apoya categóricamente el combate frontal a las empresas “factureras”, es “una competencia desleal, una actividad criminal y tiene que ser erradicada del país”.
Sin embargo, destacó que no se debe criminalizar a contribuyentes que de manera accidental o involuntaria reciban una factura emitida por este tipo de empresas.
De Hoyos Walther hizo un llamado a los diputados para que en la discusión de la minuta “no haya mayoriteos ciegos, sino que imperen los argumentos. Y los grupos mayoritarios tengan espacio para ajustar, reconociendo que en la extensión [los empresarios] estamos de acuerdo” en la propuesta.
