Hay más de 70 demandas en contra de la reforma al Poder Judicial Federal (PFJ) propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, algunas son extensas y pueden ser confusas, advirtió Melissa Ayala García, abogada constitucionalista.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta opinó que las demandas que presentan las personas juzgadoras son extensas, lo que puede generar que las lecturas sean complicadas.
“Son demandas sumamente largas, al menos los que he podido revisar son casi de 200 o 250 páginas y no es algo propiamente malo, pero es reflejo de la necesidad de argumentar, sobre todo en materia de procedencia, porque sí tiene que considerarse procedente una demanda en contra de la reforma al poder judicial. Las personas juzgadoras deberían saber que entre más larga una demanda, más complicada se vuelve su lectura”, dijo.
Además, explicó que a la hora de señalar quiénes son las autoridades responsables y cuáles son los actos reclamados resulta confuso distinguir a quién están demandando y por qué.
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“Hay muchas demandas que están circulando por redes sociales y en distintos chats de WhatsApp, personas que también son abogadas han realizado algunas de estas críticas con respecto a las demandas que nos han llegado a compartir; hay muchísimas, hay más de 70”, informó.
Al preguntarle si esto puede fallar de manera favorable o desfavorable tomando en cuenta la extensión y que los argumentos no son muy claros, respondió que lo más conveniente para los jueces es que las demandas sean claras y puntuales.
“En una demanda te previenen, ¿Qué quiere decir esto?, que el juez dice que no entiende lo que se está argumentando, a quién están demandando o cuáles son los actos que le están demandando. Y esto es antes de que lo admitan, te meten previenen para que expliquen de la manera más clara tu demanda”, contestó la abogada.
La experta indicó que los integrantes del Poder Judicial que están en contra de la reforma están en todo su derecho, pues no porque sean personas juzgadoras significa que no tienen derecho a la protesta y mucho menos su derecho a impugnarla, refirió.
“Una de las grandes críticas que se nos ha hecho a las abogadas y a los abogados es la fórmula, cómo argumentamos, redactamos y nos expresamos. Se vuelve una una crítica constructiva para todas las personas del gremio y seguiremos apoyando las personas en su derecho a la protesta y a que se resuelva esta situación, dijo.
Por último, recomendó a las personas juzgadoras que utilicen el modelo IRAC, pues resulta menos complicado presentar los argumentos. En donde se presenta cuál es el problema, cuál es la regla, cómo se aplica y cuál es la conclusión a la que se desea llegar.
Con reforma de supremacía constitucional avanza la erosión democrática en México: Centro Prodh
Con la aprobación en el Senado de la República, de la reforma constitucional que establece la improcedencia del amparo contra cambios a la Constitución, “avanza la erosión democrática en México”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Señaló que dicha modificación a la Carta Magna abre la posibilidad de que se presenten abusos de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
“La aprobación en el Senado de la reforma sobre ´inimpugnabilidad de la Constitución´ cancela la posibilidad de que haya controles sobre reformas constitucionales regresivas para los #DerechosHumanos o viciadas en el proceso legislativo, abriendo la puerta a abusos de mayorías temporales. Ignora que el poder reformador de la Constitución debe tener límites”, subrayó.
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Por otra parte, hoy cumple 36 años el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1988 por la Compañía de Jesús, dedicado a la promoción, defensa, difusión e incidencia en la vigencia de los derechos humanos.
“Hoy cumplimos 36 años y lo celebramos conmemorando el legado de Jesús “Chuche” Maldonado SJ, fundador del Centro Prodh, fallecido el año pasado. En su memoria, hemos dado su nombre a nuestro auditorio. Así, este espacio, casa de múltiples voces y resistencias, recordará el compromiso de este jesuita ejemplar. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”, publicó el Centro Prodh en su cuenta de X.
Con su lucha, Poder Judicial defiende auténticamente la supremacía constitucional: abogado constitucionalista
Morena en el Congreso de la Unión propuso reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución para evitar que la reforma judicial sea impugnada; además, ha señalado que se busca reafirmar la “supremacía constitucional” en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz señaló que el Poder Judicial de la Federación, como poder público constituido, es quien tiene la misión de mantener la supremacía constitucional y hacerla respetar frente a los abusos del poder político.
Explicó que dicha facultad está consagrada en los artículos 1, 135 y 133 de la Constitución, donde se establece la supremacía constitucional como el deber de respeto a principios, valores y derechos humanos salvaguardados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Destacó que cuando la mayoría calificada del Congreso de la Unión y la mayoría simple de las legislaturas locales aprueben reformas constitucionales desapegadas al principio de supremacía constitucional, es fundamental que exista un Poder Judicial independiente que salga en defensa, como auténtico guardián de los principios, valores y derechos humanos tutelados en la propia Constitución.
“Pretender regirnos por la simplicidad de un conteo de votos sería suponer que la Constitución podría autodestruirse por el mero ejercicio de una aparente democracia de mayoría. Esto socavaría los valores intrínsecos de la democracia y erosionaría la vida de nuestra República, cuyo propósito esencial es limitar el poder público y establecer pesos y contrapesos a favor de los derechos humanos de todos los mexicanos”, advirtió.
Resaltó que si el país se quedara sin la posibilidad de encontrar en el Poder Judicial independiente un revisor y guardián de los postulados mínimos que garantiza la Constitución, esto significaría la desaparición de la República.
“Sería dejar a la Constitución indefensa de sus propios principios y valores, desprovista de la inmunidad que precisamente es el fin del principio de supremacía constitucional en defensa de todos los mexicanos”, alertó.
Zamudio Díaz recordó que el principio de supremacía constitucional va más allá de un título: es la comprensión de que la defensa de los derechos fundamentales pervive más allá de las tachaduras o deficiencias legislativas que pueda conllevar la subjetividad de la mayoría calificada de un poder constituido, aun siendo el reformador de la Constitución.
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Dicho poder, como todos los constituidos, encuentra límites en los valores, principios y derechos humanos que garantiza precisamente la supremacía de la Constitución.
Defender el principio de supremacía constitucional, insistió Zamudio Díaz, no es una cuestión de interés particular, sino una obligación de todos aquellos que desean mantener un régimen de constitucionalidad legítimo, que pueda defenderse del arbitrario.
“Esa es la misión del Poder Judicial de la Federación y de todos quienes lo conforman. Quizá si todos cayéramos en cuenta de que así es, encontraríamos razones en la defensa y resistencia de todos aquellos que luchan para que subsista, en salvaguarda del auténtico principio de supremacía de la Constitución y de la verdadera defensa de todos los mexicanos”, subrayó.
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