Al reanudar su comparecencia ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, aseguró que la dependencia a su cargo no ha hecho oídos sordos al tema del desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que asciende a más de 10 mil millones de pesos.
Ante legisladores de todos los partidos, aseguró que las empresas involucradas están devolviendo los recursos por presión de la Función Pública.
“Cuando las empresas vieron que estamos actuando muchas ya se presentaron por cuenta propia a decir ‘yo te cobré y no presenté, aquí está y devuelvo el dinero’. Estamos muy atentos a esta situación”, declaró.
Pese a ello, Salcedo Aquino no ofreció montos del dinero que presuntamente se ha recuperado, pero se comprometió a detallarlo por escrito y remitirlo a la Cámara Baja.
Informó que ya suman 38 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) y 671 expedientes de investigación, y recordó que todo el cuerpo directivo de Segalmex fue sustituido por falta de confianza.
“Estaremos atentos a todas estas cuestiones en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Debo decir que tenemos un cuerpo colegiado también que está en la Secretaría de Gobernación, Agricultura, Hacienda y la Función Pública con todos los elementos para poner orden en Segalmex”, se comprometió.
Sancionan a funcionarios corruptos
Al abordar el tema del combate a la impunidad, el titular de la SFP dio a conocer que del 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 suman 2 mil 552 servidores públicos sancionados por faltas administrativas, quienes han recibido desde amonestaciones públicas y privadas hasta inhabilitaciones y multas.
“Lo anterior representa 0.2% del total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo, lo que es producto de la honestidad de la mayoría de todos los trabajadores públicos y del sistema de controles para vigilar un presupuesto de 6.6 billones de pesos”, declaró.
Con respecto a los casos graves, informó que suman 108 denuncias penales.
“La Secretaría ha presentado 108 denuncias penales, de las que 70% corresponden a delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de facultades y ejercicio abusivo de funciones, cohecho y peculado”, aseveró.
De esos delitos, explicó, el más castigado fue el de enriquecimiento ilícito, con 57 casos.
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