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A pesar de que el grupo parlamentario del PT aseguró que con estas reformas se criminalizarán las protestas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones reformas a las leyes de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con siete años de prisión y una multa de hasta 43 mil 440 pesos, equivalente a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien bloquee o tome casetas y vías férreas.
Este dictamen, que fue enviado al Senado para su análisis, también castigará con estas penas a quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, medios de transporte o interrumpa la construcción de las mismas.
Este dictamen fue modificado y la diputada de Morena Irma Juan Carlos logró que estos castigos sean excluidos para los habitantes de comunidades indígenas y afromexicanas que se manifiesten de manera pacífica, justificada y sin fines de lucro en las vías de comunicación aledañas a sus comunidades.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho.
Es conocido, dijo, el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de cobro, lo cual afecta “que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”.
El diputado Pérez Díaz precisó que en los hechos se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La propuesta, dijo, no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.
Los bloqueos, añadió el diputado panista, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los 7 mil millones de pesos.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó que se criminaliza la exigencia social de gente a la que le impusieron carreteras sobre sus tierras y no les han pagado, se manifiestan en estos lugares y ahora los quieren meter a la cárcel varios años.
“Es una trampa lo que están planteando, porque están sancionando cualquier manifestación”, dijo el petista.
