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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en seguimiento al menos 10 observaciones a la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mismas que no han sido aclaradas y que causaron un daño a la hacienda pública por mil 556 millones 314 mil 251 pesos.
De acuerdo con las auditorías de 2016 y 2017 que la ASF realizó, la Sedatu pagó a instituciones públicas y otros proveedores por servicios, productos y estudios que no se entregaron, se copiaron de internet, se pagaron hasta en cuatro ocasiones o presentan inconsistencias.
Entre las observaciones que hizo la ASF y que están pendientes de solventar destaca el caso de los servicios solicitados al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), en 2016, por los que la Dirección General de Comunicación Social de la Sedatu pagó entre dos y hasta cuatro veces un mismo entregable.
Ni el SQCS ni los 25 proveedores a los que pagó 420 millones 880 mil pesos —de los 450 millones 60 mil 696 pesos que le entregó la Sedatu— pudieron comprobar a la auditoría que participaron en la elaboración del diseño y la edición de material en audio, video y gráfico, así como piezas de comunicación para stock sobre hábitos de consumo y sondeos de opinión para medir el impacto de programas en materia de ordenamiento territorial.
Un caso más, en el que el daño a la hacienda pública se estimó en 271 millones 891 mil 655 pesos, consistió en que la Sedatu pagó en cuatro ocasiones un mismo producto a la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (Telemax), en 2016.
La Sedatu no justificó ni acreditó la difusión, uso, utilidad o acciones implementadas con los productos que supuestamente le entregó Telemax, que consistió en el diseño y edición de material en audio, video y gráfico de comunicación para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la secretaría. Se comprobó que ni la televisora ni los nueve proveedores que subcontrató participaron en la elaboración del producto.
En un tercer caso, la ASF constató que los productos encargados por la secretaría a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), a través de cuatro convenios, “tienen inconsistencias en su contenido y elaboración y no cumplen con los objetivos”, lo que causó un daño al erario de 186 millones 113 mil 374 pesos.
En otro caso persiste la acusación de la ASF de que el producto fue copiado textualmente de internet. Corresponde al análisis Situación actual de la vivienda en México y sus alternativas, encargado al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), en 2016.
De acuerdo con la auditoría, el instituto encargó el estudio a proveedores que extrajeron la información de internet y se determinó que dicha información se encontraba desactualizada.
El entonces director del instituto manifestó que servidores de la Sedatu le llevaron ya elaborados los productos, así que el ITSC no desarrolló el servicio, a pesar de haber recibido recursos públicos federales.
Otro caso es en el que la Sedatu pagó 106 millones 838 mil 857 pesos a la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, por productos entregables que ya se habían pagado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a otras dos instituciones.
Así es que, con recursos del BIM, la Sedatu ya había pagado por un diagnóstico de las necesidades y oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), y a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero por el Manual del Sistema de Gestión de la Ciudad de las Mujeres en el municipio.
El dinero de esos documentos fue entregado a empresas que la ASF no pudo localizar en su domicilio fiscal ni atendieron requerimientos de información que les hizo la auditoría.
