Con el apoyo de Morena, el PVEM y el PT, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se encontraron observaciones y una posible recuperación económica por 100 mil 914 millones 400 mil pesos en diferentes dependencias, estados y municipios y, sobre todo, en proyectos y programas estrella de la actual administración federal.
En el documento, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se establece que debe considerarse que, del monto de recuperaciones probables, 55 mil 30 millones de pesos deben ser solventados por las entidades federativas y municipios, por formar parte del gasto federalizado: “De esto se desprende que la proporción a solventar por el sector público federal es de 0.9% con respecto del gasto neto total”.
Las irregularidades detectadas y descritas en el documento se describe que se presentaron en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en la Secretaría del Bienestar, en el programa Sembrando Vida, en Becas para el Bienestar Benito Juárez, en Jóvenes Construyendo el Futuro y en servidores de la nación, así como en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se edificaría en Texcoco y se revelaron pagos duplicados, aviadores, pagos fantasma, falta de comprobaciones en pagos de dinero directo y falta de datos confiables de beneficiarios, entre otras.
A pesar de la queja de diputados de oposición porque no tuvieron el tiempo suficiente para revisar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González (Morena) sometió a debate este documento para su aprobación y recibió 28 votos a favor de Morena, PVEM y PT, contra 21 del PAN, PRI, PRD y MC, y fue enviado al pleno, pues su debate está planeado para el próximo jueves.
Principales observaciones
En el Insabi se detectó la falta de integración de 59 mil 571 beneficiarios de casos de intervenciones con estatus de “pagado” con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ya que sólo se proporcionó la base de datos de los 72 mil 297 casos de intervenciones que fueron autorizadas para su financiamiento.
En Sembrando Vida, la ASF determinó que en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar no se establecen las funciones y atribuciones para la operación y ejecución del programa en la modalidad de “Entrega directa en efectivo”.
En Becas para el Bienestar faltan por aclarar 263 millones de pesos, pues “no se contó con la totalidad de la documentación justificativa o comprobatoria de 265 mil pesos. Pagos de honorarios por 15.9 millones de pesos a prestadores de servicios que no cuentan con documentación justificativa y comprobatoria que demuestre los servicios prestados. Pagos por 17.2 millones de pesos a prestadores de servicios por honorarios que recibieron pagos tanto de la Secretaría de Bienestar como la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez.
En Jóvenes Construyendo el Futuro se detectó un monto por aclarar de 126.7 millones de pesos por personas que recibieron indebidamente una beca. Se identificaron 760 becarios del programa U280, por 8.5 millones de pesos que recibieron indebidamente el apoyo. Se detectaron pagos improcedentes por 6.9 millones de pesos, y 736 beneficiarios mayores de 29 años que, además, no estaban inscritos en alguna institución educativa autorizada.
En la contratación de personal bajo el esquema de servidores de la nación, en una auditoría forense que se le practicó se determinaron 562 millones de pesos pendientes por aclarar, pues no se acreditó documentación justificativa del pago de 15.9 millones de pesos a estos colaboradores del gobierno.
La ASF determinó más de 3 mil 607 millones de pesos de recuperación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construiría en Texcoco. Cuando se decretó la cancelación de la terminal aérea, se determinaron 62 pliegos de observaciones con posibles recuperaciones económicas por 19 mil 298 millones de pesos que implicaban presuntos daños o perjuicios causados a la hacienda pública federal.
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