Dijeron ser indígenas, vivir con alguna discapacidad, ser migrantes, afrodescendientes o personas de la diversidad sexual para ser diputados y diputadas, pero en los documentos que entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener sus candidaturas hay constancias con firmas y sellos falsificados de autoridades indígenas, cartas obtenidas con engaños para hacerse pasar por migrantes y documentos médicos que no dejan clara la discapacidad con la que viven.
En este trabajo se analizan las primeras tres categorías.
En una revisión de 65 perfiles de personas que llegaron a la Cámara de Diputados bajo la política de acciones afirmativas de grupos subrepresentados se encontraron escaños legítimos, pero también otros con serias inconsistencias documentales. Según la información del INE entregada y analizada por el reportero, y después de un cruce de testimonios de activistas, políticos, personas de la academia y documentos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se halló que hay al menos 11 diputaciones con alguna irregularidad.
“Hubo todo tipo de cosas”, reconoce en entrevista el consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, al ser cuestionado sobre las irregularidades encontradas en expedientes de diputaciones federales, “autoridades que realmente no son autoridades indígenas, organizaciones sociales que tienen poca vinculación con los pueblos indígenas y que emitieron certificaciones que luego retiraron sin que quede claro las causas”.
Hasta antes de 2021, sólo la población indígena tenía representación obligatoria en la Cámara de Diputados como parte de una política de acciones afirmativas iniciadas por los órganos electorales, una decisión oficial que busca compensar las condiciones de discriminación de ciertos grupos sociales.
Sin embargo, por orden del Tribunal Electoral, el INE incluyó en la elección de 2021 a migrantes, personas con alguna discapacidad, de la diversidad sexual y afromexicanas.
La consejera del INE, Dania Ravel, reconoce en entrevista que “desde que empezaron las acciones afirmativas nos hemos dado cuenta que ha habido muchos intentos de simulación”.
El consejero Espadas Ancona resume el resultado del proceso en una frase: “Ni son todos los que están ni están todos los que son”.
El grupo de acciones afirmativas más numeroso fue el de las candidaturas indígenas, de acuerdo con una solicitud de información que atendió el INE para esta investigación; 36 personas llegaron a la Cámara Baja como diputados indígenas, 14 hombres y 22 mujeres.
También fue la única categoría en donde el INE calificó y revisó la adscripción declarada (reconocerse indígena) por candidatos y candidatas, y aún así se registraron suplantaciones: candidaturas que fueron aprobadas a pesar de que se confirmó que presentaron documentos falsificados o que no se pudo comprobar la veracidad de los mismos, y denuncias que llegaron a tribunales y que fueron desechadas sin entrar a revisión por haberse presentado fuera de tiempo. Varias de esas personas hoy ocupan una curul en San Lázaro.
Un ejemplo. Para ser considerado candidato indígena a diputado por el Distrito 7 de Oaxaca, José Antonio Estefan Gillessen, de la alianza Juntos Hacemos Historia, que conformaron el PVEM, PT y Morena, presentó una carta firmada por Miguelito Regalado, secretario municipal de Santa María Xadani.
En el documento se lee: “En la región del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, todos los nacidos en esta tierra son considerados indígenas descendientes de la cultura zapoteca”. En otro párrafo se agrega: “Estefan Gillessen es nacido en esta región, al igual que sus padres y los padres de ellos”, y por esas razones el funcionario municipal concluye que el joven legislador es de procedencia indígena.
Pero el abuelo de Estefan Gillessen es de origen libanés, según declaró José Antonio Estefan Garfias, político y padre del diputado en una entrevista para el programa Metrópoli Oaxaca, difundido en redes sociales.
Estefan Guillessen nació en el seno de una familia de peso político en la región. Su padre, Estefan Garfias, fue candidato de la alianza PAN-PRD al gobierno de Oaxaca en 2016.
Santa María Xadani, la comunidad que le extendió la carta, está dentro del área de influencia política de la familia, formó parte del Distrito 5 cuando Estefan Garfias fue diputado federal, y actualmente es parte del Distrito 7, el de Estefan Guillesen.
Estefan Guillessen además dirige el Partido Verde en Oaxaca desde 2018.
Cuestionado sobre la situación, el legislador argumentó que la autoadscripción indígena “es un tema de la lucha por acabar con la discriminación (...) yo cumplí con todos los requisitos de la autoadscripción y lo hice feliz porque además mi abuela hablaba zapoteco”.
Afirmó haber nacido y crecido en el Istmo de Tehuantepec, al igual que sus papás, conocer y haber participado en las tradiciones y festividades de la región.
Aunque reconoció que es importante la participación legislativa en las comisiones que discuten las problemáticas de los grupos subrepresentados, no forma parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados.
En la página del Congreso se informa que forma parte de los grupos de amistad con Alemania y la República de Líbano.
En un foro realizado por el INE en 2021 para analizar las acciones afirmativas, también conocidas como cuotas, la académica Araceli Burguete dijo: “Estamos frente a un problema de simulación y usurpación en la acción afirmativa indígena, de tal forma que no podemos asegurar, de ninguna manera, que en el Congreso, en este momento, tenemos 36 personas indígenas. Lo que tenemos son 36 curules asignadas a personas indígenas que no han sido ocupadas por ellas”.
Sayonara Vargas Rodríguez, diputada federal del PRI por el Distrito I, de Huejutla de Reyes, Hidalgo, presentó una carta de adscripción firmada por Gustavo Arenas Sánchez, delegado auxiliar de la comunidad de Chiconcuac, pero cuando el personal del INE se presentó a verificar la información el funcionario negó haber emitido el documento.
A pesar de ello, Vargas Rodríguez llegó a las boletas y ganó la elección. En la impugnación por parte del candidato de Morena se presentó una prueba notarial de que la firma del delegado fue falsificada y que el documento se emitió incluso antes de que la persona ocupara legalmente el puesto. Sin embargo, el caso fue desechado por el TEPJF por ser extemporáneo.
Al ser cuestionada, Vargas Rodríguez afirma que se asume indígena y huasteca porque nació en la región, aunque reconoce que no domina la lengua. Sobre la acusación de la firma falsa explica que son intereses políticos.
Otro caso es el de la panista Genoveva Huerta Villegas. Para justificar su adscripción indígena la legisladora poblana entregó una carta firmada por la entonces presidenta del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas, Puebla. En el documento se le reconoce como “originaria y descendiente de esta población indígena popoloca”. La carta, que carece de membrete o sello oficial, es tan sólo una hoja en blanco con la firma.
Hace un par de meses el actual presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Pablo Cortés Salas, dijo en entrevista no conocer a la diputada.
No son los únicos casos, al menos cinco diputados y diputadas más fueron cuestionados e impugnados por ocupar espacios destinados a personas indígenas sin haberlo comprobado.
La panista veracruzana Karla Verónica González Cruz, diputada suplente que tomó la titularidad de la curul tras el deceso de la propietaria, presentó documentación descalificada por el firmante para sustentar su adscripción calificada.
El priista Brasil Alberto Acosta Peña, diputado por el Estado de México, presentó cartas de tres líderes antorchistas, en la verificación del INE uno de ellos dijo no tener ningún nombramiento formal de liderazgo, la segunda persona dijo que no recordaba haber firmado alguna carta a favor del candidato y que no pertenecía al movimiento antorchista.
No hay constancia en los documentos que el INE entregó de que se haya buscado a la tercera persona mencionada.
La morenista chiapaneca Manuela del Carmen Obrador Narváez, públicamente conocida como prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, también fue impugnada pero la autoridad electoral consideró que los argumentos fueron “insuficientes para revocar su registro” y mantuvo su candidatura que eventualmente la llevó a la reelección.
El procedimiento fue iniciado por Crecencia Díaz, una maestra rural, también militante de Morena, y cuatro personas más, todas de origen maya ch’ol y tseltal. Cuestionaron la falta de “calidad de indígena” de la diputada, es decir, que realmente lo fuera.
Roberto Antonio Rubio Montejo, candidato de la alianza PVEM, PT y Morena, también presentó documentación irregular, pues según la verificación del INE sólo una de las tres personas firmantes de su carta de reconocimiento indígena pudo documentar oficialmente su cargo, aunque su impugnación fue rechazada por el TEPJF como caso extemporáneo.
Otra militante del PVEM, y candidata de alianza, la poblana Fátima Almendra Cruz Peláez, fue avalada por el Gobierno Nacional Indígena de México y luego repudiada por la dirigente de esa organización, Candelaria Lázaro, al ser entrevistada para este trabajo, por no cumplir con los acuerdos de trabajar a favor de los pueblos originarios.
De los cinco legisladores, sólo Cruz Peláez concedió una entrevista, ahí reconoció tener ascendencia indígena parcial, pero aseguró haber ayudado a los pueblos originarios con su trabajo como abogada.
“En mi caso, como era en el tema legal, tuve la oportunidad de hacer algunas rectificaciones de actas de nacimiento, de darles asesoramiento (...), eso era lo que yo hacía en mi distrito (...) tengo raíces, sí, pero no 100% indígenas”, reconoció la legisladora.
El diputado federal Jorge Ernesto Inzunza Armas, que comenzó su carrera político partidista en el PAN del Estado de México en 1997 y llegó a la Cámara por la acción afirmativa, reconoce su distancia con las organizaciones migrantes y dice que si bien no se considera un diputado migrante, sí vivió en el exterior en 2014.
¿Usted se siente diputado migrante? ¿Sí hay una vinculación con estos grupos? —se le preguntó. “Si te soy honesto, no. Yo reúno las condiciones que marcó la ley. Sin embargo, siendo abierto contigo, no soy un diputado que represente a un determinado grupo de migrantes”, respondió el legislador Inzunza Armas.
Otro caso es del también panista Eliseo Compeán Fernández, quien presentó como requisito de residencia en Estados Unidos un contrato de arrendamiento en California. El documento está firmado el 1 de enero de 2019, cuando Compeán Fernández tenía seis meses de haber iniciado su segundo periodo como presidente municipal en Delicias, Chihuahua.
El día de la firma del documento, e incluso días previos, el panista tuvo actividades en la ciudad que gobernaba, como se observa en una revisión de su perfil de Facebook.
En la documentación que Compeán Fernández entregó al INE y de la que se tiene una copia, hay una carta de la Casa del Migrante de Juárez, en la que se asegura que el político ha apoyado de manera constante en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población migrante mexicana.
Sin embargo, Javier Calvillo, director de esa asociación civil, explicó en entrevista que la carta se entregó como parte de un compromiso de Eliseo Compeán y su suplente Eduardo Fernández con la Casa del Migrante en Juárez para trabajar proyectos con la organización, un compromiso que hasta la fecha no han cumplido.
Andrés Pintos Caballero llegó a la Cámara de Diputados como un legislador más de la alianza, aunque actualmente despacha como representante popular del partido Movimiento Ciudadano (MC).
De acuerdo con el certificado emitido por un médico familiar que se entregó al INE, Pintos Caballero padece “disminución de la agudeza visual de forma crónica y progresiva en el último año”. Esa es la única información legible en el documento que el INE entregó a este reportero.
Su candidatura fue criticada periodísticamente en los noticiarios de Televisa.
Para responder a ese trabajo, el Partido Verde Ecologista de México envió un comunicado en el que asegura que a su entonces candidato se le había diagnosticado “probable glaucoma contra maculopatía desmielinizante que mejora en 50% con refracción, debilidad visual a 50%”.
El caso llegó incluso al TEPJF. Se presentó una impugnación a su candidatura, pero fue desechada por falta de pruebas y por ser extemporánea.
En una breve entrevista en la Cámara de Diputados, y en la que solicitó que no se usara grabadora, Andrés Pintos dijo al reportero desconocer que su candidatura era una acción afirmativa, y expuso que su partido jamás le dijo que estaba compitiendo electoralmente como cuota de algún sector, sólo le dijeron: “A ti te toca ese distrito”.
Sobre su discapacidad explicó que básicamente “si me quitan los lentes ya no veo nada”, pero no mencionó el “probable glaucoma” que le diagnosticaron ni ofreció más explicaciones sobre su padecimiento.
Se buscó entrevista con representantes del PAN, PRI, Morena, y PVEM para conocer sus posturas sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición sólo el Verde atendió la petición, el resto no emitió comentario alguno.
“No tenemos claro si existe un registro de personas que pruebe que ha existido engaño de éstas a sus partidos y a la autoridad electoral, fingiendo ser parte de los grupos amparados por el principio de acción afirmativa, no obstante, es preciso hacer una revisión de todos aquellos que asumieron cargos por esa vía”, mencionó el Partido Verde a través de su oficina de comunicación.
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