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En el discurso se habla de que este es el tiempo de las mujeres en la política, de vencer las desigualdades, erradicar la violencia de género y los feminicidios: “Nunca más un México sin mujeres” dicen los políticos. En los hechos, en vez de capacitar, los partidos han preferido darles a ellas mandiles, camisetas y pulseras rosas.
Para colmo, han gastado millones de pesos en eso y en gasolina, sueldos, vehículos, escobas, botanas o encuestas, para simular que cumplen la ley, que les ordena destinar una parte de sus recursos para fomentar el liderazgo político de las mujeres.
En 2008 se hizo obligatorio que los partidos ejercieran al menos 2% del total de su financiamiento público ordinario con ese fin. En 2014 ese monto se elevó a 3% y se mantiene.
En una década (2008-2018) el recurso etiquetado suma 914.9 millones de pesos, pero buena parte han sido usados como “caja chica” de los partidos políticos, mismos que aún hoy, pese a que la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) es más severa, todavía incurren en simulación.
Así lo han documentado las especialistas Natividad Cárdenas Morales, presidenta del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, e Irma Méndez de Hoyos, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Cárdenas Morales ha seguido la pista desde 2008 y advierte que ahora son menos burdos, se han sofisticado. Si en ese año el PVEM usó el recurso para liderazgo político de las mujeres, a fin de comprar mandiles y pulseras, en 2009 lo destinó para adquirir un Jetta por 142 mil pesos, para trasladar a una dirigente, dijo.
“Es una publicación de 25 páginas sobre participación política de las mujeres, llevan como tres ediciones y todo el recurso se va en eso, 5 o 6 millones de pesos en algo que no aporta” y eso también viola la ley, destaca.
Así actúan hoy la mayor parte de los partidos: pagan folletos o cursos, pero no se cumple el objetivo, pues hay total desvinculación entre quienes reciben esa formación y el acceso a una candidatura, señala.
El caso de la diputada de Morena en Veracruz, Ana Miriam Ferráez, cuya solución a la violencia feminicida es toque de queda para mujeres a partir de las 22 horas, “es un ejemplo de la completa ignorancia sobre la perspectiva de género aplicada a las políticas públicas”, agrega.
“La importancia del financiamiento es que accedan a los cargos mujeres que tengan esa perspectiva de género que les permita detectar, por ejemplo, por qué no se deben eliminar los institutos de la Mujer como pasó en Jalisco o pelear los presupuestos, defender programas o proponerlos . Y ni las legisladoras ni las funcionarias están en estos debates, es la sociedad civil la que está en la defensa”, dice.
Por eso, para Irma Méndez de Hoyos, es necesaria una nueva fase en la que el INE revise a cabalidad la metodología de los estudios y cursos pagados con ese fondo, y verificar que sean impartidos por instituciones públicas.
“Hay libertad de los partidos, pero si se involucran recursos públicos deben ponerse más reglas sobre en qué gastar para elevar la calidad”.
En septiembre pasado, el INE emitió un protocolo para buenas prácticas en el ejercicio de ese 3 %, pero los partidos siguen incumpliendo y el organismo sin involucrarse.
Para ambas investigadoras, el INE debe ser más exigente, “fue un error que perdonara multas. Es tiempo de que el instituto sea severo y vigilante, y que habilite una línea telefónica para que las mujeres denuncien a los partidos”.
