nacion@eluniversal.com.mx
Cinco años después de la noche de Iguala, la violencia no ha cesado en Guerrero: según datos oficiales, en el último lustro se registraron al menos otros 544 casos de desaparición forzada en el estado.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha alertado sobre esta situación por medio del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), en el que se revela que a nivel nacional en Guerrero es donde más participan las autoridades en el delito de desaparición.
El problema se agrava cuando se observa la gran diferencia que hay entre la segunda entidad con más casos de este tipo —Sinaloa, con 142— y la gobernada por el priista Héctor Astudillo Flores.
Especialistas en seguridad, así como colectivos de familias de personas desaparecidas, consideraron que el crimen organizado infiltró a los gobiernos municipales de Guerrero y, junto con policías locales, han orquestado los ataques hacia la población civil.
Advirtieron que si bien el caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de la inseguridad en México, la delincuencia sigue afectando a cientos de personas, y las instituciones procuradoras de justicia no dan resoluciones.
La violación a derechos humanos que sufren los habitantes de esta zona del país sucede en un contexto en el que grupos criminales se disputan el control del territorio para la venta de drogas.
Las edades de los afectados van desde los cero años —existe el caso de una bebé— hasta los 114 —hay dos hombres víctimas.
Aunque la comisión integró al Renavi a todas estas personas por el delito de desaparición forzada, la información de la institución refiere que este ilícito regularmente está acompañado de otros igual de graves, como el homicidio, los delitos contra la salud y la tortura.
Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda y de la organización Familiares en Búsqueda María Herrera, advirtió: “Guerrero no tiene un problema grave, tiene un problema gravísimo dentro de las corporaciones policiacas, que no tienen la confianza de la ciudadanía. A pesar de esto no se ha visto que el gobierno estatal atienda la situación para limpiar a las policías y acabar con las desapariciones”.
El problema es nacional. Aunque Guerrero es el estado donde más desapariciones forzadas han ocurrido en los últimos cinco años, esta problemática se extiende a casi todas las entidades federativas,
a excepción de Campeche y Baja California Sur.
Sinaloa, con 142 casos, es el segundo estado donde más se comete este ilícito.
Le siguen Tamaulipas, que tiene 59 casos; Jalisco, con 49; Ciudad de México, con 48; Guanajuato, con 40; el Estado de México, con 39; Nuevo León, con 30; Coahuila, con 27; Durango, con 25, y Michoacán, con 22.
Los datos de la CEAV indican que ocurrieron mil 882 desapariciones forzadas entre 2014 y 2019, pero sólo en mil 212 casos se especifica la entidad donde vivía la víctima, por lo que el número de personas desaparecidas en Guerrero podría ser aún mayor, así como en otras partes del país.
Lucía Chávez, coordinadora del Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), aseguró que el número de víctimas registrado por la CEAV podría no ser el correcto, debido a que en algunas ocasiones la desaparición forzada se clasifica de manera diferente.
“Hay muy pocas investigaciones clasificadas como desaparición forzada, por ejemplo, en las fiscalías. En muchas ocasiones se les tipifica como privación ilegal de la libertad o secuestro”.
