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La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso señaló que de acuerdo informes del propio gobierno federal sólo 10% de los más de 100 mil efectivos de la Guardia Nacional han sido certificados para realizar dicha función, ya que el 80% provienen de las Fuerzas Armadas y no están capacitados para funciones de policía civil.
Ante ello, se presentó un punto de acuerdo para solicitar a Rosa Icela Rodríguez Velázquez , secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, un informe pormenorizado en relación al incumplimiento del mandato constitucional y legal de certificar a todos los integrantes de la Guardia Nacional.
En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria y se turnó a comisiones para su análisis y aprobación, se detalla que el plazo para dicha certificación se cumplió el pasado 28 de mayo de 2021, por lo que se está “poniendo en riesgo la garantía de brindar seguridad pública a las y los mexicanos".
Los senadores y diputados federales panistas, piden además a la titular de la SSyPC explicar las acciones inmediatas que están implementando para alcanzar la meta del 100% de integrantes certificados.
En el Segundo Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entregado en días recientes al Senado de la República, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de un total de 104 mil 267 elementos de la Guardia Nacional sólo 10 mil 396 contaban con el Certificado Único Policial, es decir el 9.9%, uno de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional acreditó tener los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Argumentan que es urgente conocer esta radiografía de la Guardia Nacional porque la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal “ha sido un rotundo fracaso. La estrategia de “abrazos, no balazos”, para erradicar la violencia en el país, incumplió su promesa de llevar paz y tranquilidad a las familias y los negocios en México”.
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Al contrario, la inseguridad pública ha desbordado al Gobierno Federal, persistiendo en su derramamiento de sangre a lo largo y ancho de la República. El gobierno del presidente López Obrador tiene el inicio de gobierno más violento de la historia reciente de México, con más de 70 mil delitos por homicidio doloso en 29 meses de gobierno, 75% más que en el mandato de Enrique Peña y 140% más que en el de Felipe Calderón.
El PAN, añaden los legisladores, concedió que, en aras de resolver el problema de la inseguridad pública en que el país estaba inmerso, la creación de la Guardia Nacional vendría a ser unnuevo factor que contribuiría a erradicarla.
Sin embargo, a dos años de su aprobación, no solo las autoridades federales han hecho un mal uso de la Guardia Nacional, sino que ahora han incumplido las disposiciones legales para darle confiabilidad a esa institución policial.
“Todos sabemos que, cediendo a las presiones del gobierno norteamericano, el gobierno mexicano ha usado a la Guardia Nacional como “muro” para contener la migración a los Estados Unidos, relegando sus funciones de seguridad pública, en perjuicio de las y los mexicanos”.
También hemos visto que el desempeño de la Guardia Nacional ha dejado mucho que desear, teniendo constantes señalamientos y denuncias por sus acciones. Entre enero de 2020 y abril de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 522 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte integrantes de la Guardia Nacional, prácticamente una queja diaria en promedio.
“Igualmente, no debemos perder de vista que, con la creación de la Guardia Nacional, se violó el acuerdo de tener un cuerpo de seguridad de carácter civil, ya que, hasta el momento, poco más del 80% de sus integrantes son militares, incluyendo sus altos mandos”.
kl