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México Unido contra la Delincuencia
(MUCD) lamentó que el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González-Salas , sobre el amparo que interpuso en 2019 contra la Ley de la Guardia Nacional por incumplir la creación de un cuerpo civil, sea en el sentido de desechar el caso, con “argumentos falaces”.
La organización integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra consideró que el proyecto, que será votado mañana en el pleno, no analiza ninguno de los argumentos presentados en la demanda de amparo , sobre que la Ley de la Guardia Nacional incumple con la obligación de crear una nueva fuerza policial, al permitir el reclutamiento de militares retirados o en activo.
Además de que viola los criterios básicos sobre uso de militares en tareas de seguridad pública, que debe ser extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado e invade competencias de estados y municipios, según MUCD.
Afirmó que el ministro ponente propone desestimar el caso so-pretexto de que ninguna de las disposiciones de la Ley de Guardia Nacional está dirigida a México Unido contra la Delincuencia y que, de otorgar el amparo, las consecuencias serían peores que el problema.
Indicó que el ministro José Fernando Franco argumenta que el efecto particular de otorgar el amparo sería quitar la protección de “la única institución de seguridad pública federal que existe” (la Guardia Nacional), lo cual, puntualizó MUCD, sería imposible.
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“Y por el otro, considera que el efecto general sería prohibir que ésta se integre por militares, lo que podría derivar en afectaciones para otras personas. Finalmente, argumenta, que lograr que la Guardia Nacional no se componga por militares debe impugnarse por la vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que no de juicios de amparo”.
Ante ello, México Unido contra la Delincuencia consideró que el razonamiento anterior es sumamente peligroso debido a que, “incluso cuando reconoce que la Guardia Nacional está militarizada, prefiere recurrir a argumentos falaces como que ‘ordenar el cese inmediato de los militares que la integran desprotegería a la población’ para desestimar el caso, que entrar al fondo del asunto”.
“Además, consideramos que, al limitar la defensa del orden constitucional a las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad el ministro ponente hace una lectura limitada del juicio de amparo que tiene el efecto perverso de postergar la discusión sobre el problema de la militarización.
“Al hacerlo, la Corte pierde oportunidad de discutir y establecer los límites constitucionales de la participación de militares en tareas de seguridad pública y proponer soluciones de largo plazo”, añadió la organización.
kl
