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La Guardia Nacional entrará en funciones oficialmente hasta octubre, con un estado de fuerza inicial de entre 20 y 22 mil elementos del Ejército, la Marina Armada de México y la Policía Federal (PF).
En las regiones del país con alta incidencia delictiva serán desplegados bloques de 600 efectivos; en las de nivel medio, 450, y en las de nivel bajo, 300, según el plan de acción de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina Armada (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las dependencias clasificaron 153 municipios como los más violentos, entre los que destacan Tijuana, Los Cabos, Ciudad Juárez, Manzanillo, Apatzingán, Ecatepec, Chilapa de Álvarez, Zapopan, Culiacán, Reynosa, Nuevo Laredo y Xalapa, entre otros; 54 con un nivel medio y 59 con uno bajo.
Los más de 20 mil efectivos que conformarán la Guardia Nacional en su inicio serán entrenados en instalaciones de la SSPC y Semar
Una vez que se despliegue por el país el primer bloque, se ampliará la cobertura de 150 a 200 regiones con la incorporación, para 2020, de 20 mil elementos adicionales, hasta llegar a los 50 mil que el gobierno federal tiene contemplados para este cuerpo de seguridad.
“El objetivo de la Guardia Nacional es precisamente este estado de fuerza, de tal manera que en el transcurso de los primeros tres años tengamos capacidad para tener elementos permanentes en esas 266 regiones”, refirió el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.
Desde diciembre pasado, las fuerzas federales operan en 150 de las 266 regiones en las que se dividió el territorio nacional como parte del plan de paz y seguridad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la organización México SOS pidió transparentar los criterios utilizados para seleccionar a las 266 coordinaciones regionales anunciadas como parte de la estrategia de pacificación, ya que ve continuidad en la mayoría de ellas, en comparación con el proyecto inicial de la administración anterior.
En un estudio, México SOS expone que 196 de 266 coordinaciones anunciadas coinciden con las 300 zonas de atención prioritaria seleccionadas en el inicio del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y que, posteriormente, se agruparon en cinco regiones.
Lo anterior representa 73% de coincidencia en la distribución de las regiones: “La coincidencia de las coordinaciones se fortalece también cuando revisamos que durante 2018, en 191 de 266 [coordinaciones] recibieron recursos federales vía Programa de Fortalecimiento para la Seguridad”, indica la información.
“Existen datos que nos sugieren cuestionar los criterios de selección de las regiones o demarcaciones de atención prioritaria en materia de seguridad, ya que, de acuerdo con la evolución de los delitos, principalmente en los últimos tres años [2015-2018], se observa una continuidad en la mayoría de ellas”, señala.
Según el análisis, la estrategia de seguridad del nuevo gobierno dejó fuera a 104 municipios con problemas de inseguridad y violencia por el crimen organizado e incluyó 70 nuevos.
Tecomán, Colima; Coyuca de Benítez, Guerrero; Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, Michoacán, y Amozoc y Tierra Blanca, Veracruz, son algunas de las alcaldías que no fueron contempladas en el plan de seguridad y que en la administración pasada eran prioritarias.
Para la asociación civil “la sola clasificación por niveles de violencia, así como la salida de las demarcaciones territoriales prioritarias de la anterior administración, puede convertirse en una ruta para la recuperación de la inseguridad”.
Indicó que a la fecha el Ejército, la Marina y la SSPC no han hecho público todos los criterios que se emplearon para lograr la clasificación de violencia alta, baja y media.
“Y se desconoce aún cuáles son las 150 primeras coordinaciones que comenzaron a funcionar”, añade el estudio.
La organización social precisó que si bien existe falta de información para documentar y evaluar la selección de coordinaciones una a una, el por qué algunas han quedado excluidas en la nueva estrategia o los motivos por los cuales algunas otras han sido incorporadas a esta nueva estrategia, se debe a una recuperación de comunidades que han salido de la atención prioritaria, de acuerdo con los casos que las más de 30 Mesas de Seguridad y Justicia que México SOS coordina en 16 entidades han identificado.
Expuso los casos concretos de Tampico y Altamira, Tamaulipas, que fueron prioridad en el sexenio pasado y hoy no se encuentran entre las coordinaciones anunciadas por el gobierno morenista.
No obstante, la asociación civil dijo que Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango “son consideradas en el nuevo plan como entes separados, cuando el mando especial de la región ha sido clave en la recuperación de la seguridad”.
Claridad en criterios
México SOS concluyó que, “para lograr la paz, la seguridad y la justicia en el país resulta fundamental determinar, de manera estratégica, las zonas prioritarias, tener claridad en los criterios de selección para que, con base en ellos, se elaboren mediciones, avances, retrocesos y áreas de oportunidad.
“A partir de ello, será más eficiente el otorgamiento de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, enfatizó.
