La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que la creación de una Guardia Nacional aún con un mando civil es una respuesta parcial que no garantiza el fin de la impunidad y existe riesgo de vulnerar derechos humanos.
Al presentar el informe de labores de la CNDH ante la Comisión Permanente, el ombudsman Luis Raúl González Perez enfatizó en que la Guardia Nacional debilitaría la institucionalidad civil y la democrática además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, “pues no hay certeza sobre la temporalidad forzosa del ejército y su sustitución por policías civiles”.
González Pérez aseguró que ampliar el poder de los fuerzas armadas pone en riesgo la democracia del país. “Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, aún en estos ámbitos bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil",dijo.
Reconoció la necesidad de que el ejército esté en las calles pero insistió en que la propuesta de reforma a la Guardia Nacional no plantea una hoja de ruta para el retiro del mismo.
“Instituciones internacionales insisten en la mayor restricción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, reconozco su valor pero la mejor contribución de una institución del estado mexicano como lo es la CNDH, es decir los riesgos que implica su permanencia a infinito de la guardia nacional”.
En su informe destacó que las quejas contra el sector seguridad disminuyeron al pasar de 2 mil 292 en 2015 a mil 734 en 2018, aunque advirtió que los hechos denunciados implican conductas graves en materia de derechos humanos.
“Podría verse como algo positivo pero aún con la disminución continúan ocupando el segundo lugar de quejas presentadas ante la comisión nacional”.
El sector salud es el que congrega el mayor número de quejas durante 2018 con 4 mil 403 casos de los que el IMSS absorbe 2 mil 532 y el ISSSTE, mil 215.
